Jorge Carrillo Olea, el General y ex Gobernador del Estado de Morelos, fue un formador de jefes militares. Hoy, muchos de ellos, sus alumnos, Coroneles y Generales, lo recuerdan con afecto y respeto. Pocos como él en el Ejército de México. Su error en la vida, participar en la vida política.

Leal, disciplinado, respetuoso de las formas y, sobre todo de jerarquías e investiduras, nunca se quejó, nunca habló de hechos y situaciones que hoy han comenzado a fluir por La Red de Redes.

Atendiendo a esa solicitud, la de ser oído y escuchado, es que ponemos en Internet un documento revelador y, porque no decirlo aterrador, cuando se sabe que proviene de un hombre de lealtad y honor, siempre dispuesto a sostener sus dichos con sus hechos.

 

EL CASO MORELOS:

EL USO ENVILECIDO DEL PODER.

(5-de Febrero de 2004)

     

Por Jorge Carrillo Olea.

“Ernesto Zedillo, inició su administración después de haber sido improvisado político y en un momento crucial. Sin dotes ni vocación para el gobierno, es el prototipo del tecnócrata: dominio de la ciencia económica, fe religiosa en el modelo del capitalismo anglosajón, insensibilidad social y soberbio desprecio por la política y sus actores.”

José Gamas Torruco. Derecho Constitucional Mexicano p.550.

Esta es la crónica apretada y desagradable de la singular desavenencia entre un Presidente de la República y un gobernador, que trajo graves consecuencias políticas, económicas y sociales para el estado de Morelos y padecimientos personales para mi entorno. Es la crónica del desigual enfrentamiento entre Ernesto Zedillo y Jorge Carrillo Olea.

No se podría explicar una relación política y ni personal con Ernesto Zedillo, sin reflexionar en su compleja sicología. Tarea digna de un acabado especialista, pero en la que cualquier atento observador distingue su vergüenza por su origen humilde, y de ello su gran arrogancia. Su resentimiento social por su juventud politécnica y de ahí su adhesión anímica a su “alma mater”, Yale University. Sus arrebatos de carácter derivados de su inseguridad, que disimula frecuentemente con un trato insolente y su profundo desprecio por todo lo que pueda ser gobierno, partido y clase social popular a los que en un momento perteneció y particularmente con su desprecio por la ley.

¿Cuáles eran las motivaciones de Zedillo para acumular y descargar tanta animadversión hacia mí? De mi parte no encuentran correspondencia, menos aún si se pondera la diferencia de jerarquías y por ende de poder. ¿Gasta un presidente tanta energía en dañar vehementemente a alguien que le es simplemente antipático?

Siendo una síntesis de algo que fue determinante para la historia del estado, para mi vida y para la vida familiar, ruego a mis amigos y a quienes en ello se interesen, nos concedan un momento de su tiempo.

Siendo Presidente de la República, Ernesto Zedillo elevó un desencuentro personal hasta el nivel de un choque político que alcanzó una connotación nacional. Lo hizo sin tener en cuenta la desestabilización política y social que iba crear en el estado, así como la postergación o cancelación de numerosos proyectos de desarrollo. No tomó en cuenta que su decisión daría lugar a una administración sexenal con tres gobernadores y todas sus consecuencias negativas para los intereses superiores de los morelenses. Con tal de agredir a su insumiso gobernador y saciar oscuros deseos de venganza. Sin escrúpulo alguno dañó al estado, sin merecerle éste la menor consideración.

El primer episodio, de la ruptura presidencial con mi gobierno, siendo Zedillo todavía presidente electo, se derivó de la errónea interpretación política que su “staff” le ofreció sobre la reunión de los gobernadores de Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Estado de México y Morelos que a propuesta mía se dio en Cuernavaca el 13 de septiembre de 1994.

Esta se concretó después de semanas de intercambios de información entre los gobiernos de los estados para formar una agenda de trabajo. Se detalló un objetivo por demás plausible: el desarrollo regional, por la vía del diagnóstico y atención de problemas que se originan en algún estado y que tienen efecto en otro o en otros. Los temas a tratar fueron desarrollo económico en materia agropecuaria, industrial, comercio, turismo, comunicaciones y transportes; seguridad pública; protección ambiental; salud y cultura.

La lectura que se dio en el grupo zedillista a este esfuerzo de coordinación fue equivocada y perversa. Se quiso creer que se estaba creando un grupo de gobernadores para confrontar al gobierno entrante. Este torcido entendimiento  fue producto de su ya gastada relación con Salinas, el presidente saliente. Por eso Zedillo, en su constante inseguridad, imaginó que dicho grupo sería un “enclave salinista” para imponer a su gobierno decisiones sobre nombramientos de altos funcionarios y aplicación de políticas  públicas. Nada más falso.  Fortalecería tan tonta como perversa hipótesis la presencia de un pariente de Salinas en mi gobierno.

Más tarde, filtraciones emanadas de sus oficinas acuñaron el término “sindicato de gobernadores” al que se refirieron en términos de intolerancia y del que la prensa se ocupó por varias semanas. La obsesión de Zedillo por el complot, se habría de mantener y expresar en sus afanes persecutorios durante todo su sexenio. Casi diez años después surgiría la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Así la explicación no mía, de cuán perverso y estúpido fue lo anterior la ofrece el editorial del diario La Jornada del 30 de septiembre del 2003, “ . . . . Es oportuno recordar que hace apenas unos años, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, las instancias de concertación y comunicación entre titulares estatales del ejecutivo llevaban una existencia más bien clandestina y que se les conocía despectivamente con el nombre de cártel de gobernadores. . . . .”

El segundo episodio, el que estimo fue el más contundente, el que creo que dejó en Zedillo huellas indelebles, se dio dos meses después, a mediados de noviembre de 1994. En ese momento creí correcto hacerle entrega, en su calidad de presidente electo, de un pormenorizado documento sobre cuestiones de seguridad nacional y gobernabilidad, que elaboré con esmero a partir de mi experiencia en el tema. El documento, del orden de las 250 páginas, había sido preparado originalmente seis años antes para Carlos Salinas. Dediqué varias semanas a su actualización.

Era un texto donde se diagnosticaba la situación del núcleo del poder político dentro de las entidades vinculadas a la seguridad de la nación. Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina y Procuraduría General de la República, se describían sus potencialidades y debilidades. Contenía además una Agenda de Riesgos Nacionales, cuyo primer tema era el de Chiapas el que se enfocaba con sentido crítico. El tema de Chiapas se enfatizaba como el primero en gravedad y se anticipaba que sería el primero en serle exigido en su solución por la opinión pública. Se hacía énfasis en la necesaria reevaluación de la participación del ejército en él. Una discusión sobre este documento habría abierto seguramente alternativas de tratamiento para cada riesgo. Mi sentir era que toda esta información legítimamente pertenecía al futuro Presidente de la República y no a mí.

Todavía hoy lo juzgo un documento útil, revelador y difícil de repetir, pues muy pocas personas cuentan con la información que acumulé en mis seis años como subsecretario de Gobernación, dos como director fundador  del CISEN y tres más en la PGR, donde reuní un acervo de datos, que procesados puse a disposición de Zedillo. No debe olvidarse que él había tenido una trayectoria en el sector público alejada de la  política, rasgo que compartía con los integrantes de  su equipo. Aquel acto de servicio institucional  de mi parte tampoco  fue  interpretado adecuadamente.

Personalmente entregué a Zedillo el documento. Mientras yo hacía una breve descripción de sus supuestos valores, él hojeaba el índice. En un momento, para mi sorpresa, en lugar de manifestar su interés o pedirme datos adicionales como haría cualquier persona sensata, me dijo con ira apenas reprimida: “Jorge, ¿supones que tu vas a opinar sobre la integración y prioridades de mi gobierno?”

    Fue una reacción enfermiza.  Confundido, poniéndome de pié le dije: “Señor Presidente, aquí hay una gran confusión, mi único propósito era servirle”. Agregué: le ruego que me permita retirarme. él repuso: “Gracias, déjame el documento”.

Cuando abandoné la oficina estaba contrariado conmigo mismo por no haber calculado esa reacción y haber cometido un grave error de apreciación política, por no haber tenido en cuenta el complejo perfil psicológico de Zedillo, dominado por profundos resentimientos e inseguridades.

El tercer episodio, en el proceso de ruptura se registró el 10 de a abril de 1996, aniversario  del asesinato de Emiliano Zapata en Chinameca. La Secretaría de Gobernación me  sorprendió con el aviso de que el propio Zedillo encabezaría la ceremonia. Se trataba de hacer una conmemoración sumamente simbólica, para proyectar la idea que el verdadero zapatismo se encuentra en Morelos y no en Chiapas. Más me sorprendió la propuesta de programa, que incluía una sesión extraordinaria del Congreso donde el Presidente pronunciaría un discurso. Se trasladaría de ahí a Chinameca, después a Tlaltizapan, sede del Cuartel  General de la Revolución del Sur y por si fuera poco, terminaría la jornada con un acto en Xochicalco para inaugurar el museo de sitio.

Las circunstancias en ese momento no eran propicias para un programa tan amplio. El llamado Comité de la Unidad Tepozteca se encontraba movilizado y había amenazado con interferir con alguno de los actos programados. Hice ver al Secretario de Gobernación, sin resultado, los riesgos que se  corrían con tan reiteradas exposiciones públicas del Presidente.

Como se recordará, se registró un encuentro entre miembros del Comité de la Unidad Tepozteca y la policía  apostada a la entrada de Tlatizapán por instrucciones del Estado  Mayor Presidencial. Surgió la noticia de que había un desaparecido, que posteriormente apareció muerto de un disparo en la parte posterior de la cabeza.

 Traté de  comunicarme de inmediato con el Presidente, pero no lo conseguí, me dijeron que estaba en una reunión de trabajo. Un amigo presente en esa reunión me contó después que un ayudante le pasó una tarjeta a Zedillo en la que seguramente se le informaba del hallazgo. El presidente visiblemente descompuesto exclamó: “este gobernador es un pendejo,  que venga Téllez”.

El aludido se presentó de  inmediato y el presidente le instruyó: “un boletín para la televisión donde se exhorte a las  autoridades del estado de Morelos a llevar a cabo todas las investigaciones necesarias hasta encontrar al responsable o a los responsables de los hechos”.

 El boletín efectivamente se transmitió en el ámbito nacional. A partir de ese exabrupto percibí con claridad como se formaba un vacío de las dependencias del gobierno federal hacia el gobierno de Morelos. Cada vez se hacía más difícil concertar una cita, peor aún efectuar una visita de altos funcionarios al estado.

El cuarto episodio, el más vergonzoso,  corrió a cargo del Procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuellar y consistió en aceptar la consigna de crear una causa penal en mi contra por supuestos vínculos con el narcotráfico y de emprender una campaña de desprestigio, valiéndose de declaraciones prejuiciosas y de filtraciones a la prensa.

Debe señalarse también que la filtración más lesiva, la haría el Dr. Luis Téllez, Jefe de la Oficina de la Presidencia, naturalmente por instrucciones de Zedillo, al periódico norteamericano  New York Times a través de su corresponsal  Sam Dillon, involucrándome a mí y al Gobernador de Sonora con actividades ligadas al narcotráfico.

El periódico El Universal del 27 de septiembre del 2000 al respecto consignó: “Hay sólo una respuesta, una alta fuente del gobierno mexicano le habría filtrado los datos al periodista y ha comenzado a descorrerse el velo: el funcionario filtrador fue Luis Téllez, Jefe de la Oficina de la Presidencia”.

En diversas ocasiones el procurador en persona produjo con gran imprudencia, informes a la prensa en los que anunciaba la “posible” apertura de una causa  penal contra el gobernador de Morelos, quedando muy al margen de la ética a que lo obligaba su alto cargo.  Una imputación pública de este orden a cargo del Procurador General de la República siempre será de un efecto terrible. él no tenía ningún respeto por la honorabilidad de su función, pero la opinión pública no lo sabía.

             Las pruebas de su intención que se daban con gran agresividad, y que violentaban la respetabilidad del cargo de Procurador General de la República, se documentaron en periódicos de la Ciudad de México, unas fueron  resultado de declaraciones del funcionario y otras mediante filtraciones producidas por su dependencia. Esta fue una forma de gobierno que tuvo alta preferencia en el mandato zedillista y particularmente utilizada por la PGR.  Por ejemplo:

“Autoridades cercanas al caso (gobernador Villanueva) confirmaron además que hay dos indagatorias en contra de los ex - gobernadores Manlio Fabio Beltrones y Jorge Carrillo Olea por el presunto delito de lavado de dinero producto del narcotráfico”. Las fuentes consultadas comentaron que “desde hace tiempo se iniciaron las pesquisas en contra de los ahora ex - gobernadores de Sonora y Morelos “.  El Universal diciembre 9 de 1998.

Durante su gestión, Madrazo, como lo dije en un desplegado periodístico publicado por el diario El Universal del 13 de diciembre de 1998, se conducía olvidando que “el Ministerio Público es una institución de buena fe y usted actúa olvidando tan noble principio, agrediendo frecuentemente la majestad de los derechos humanos que en otro tiempo promovió. Explíqueme, procurador, la razón de esta persecución”.

Para culminar su perfidia, Zedillo encargó a su secretario particular Liévano Sáenz, por el abandono de funciones por parte del Secretario de Gobernación Francisco Labastida, la tarea de agudizar la situación que me llevó a decidir solicitar licencia al Congreso para retirarme del cargo de gobernador y no permitir que se dañara más al estado. Para ello se aprovechó de la situación de inseguridad que se vivía en el estado.

La calaña de Liévano se ratificaría muchas veces, su reputación llegó hasta el extranjero.  Jeffrey Davidow, quién al momento era embajador de los Estado Unidos en nuestro país ha escrito en su libro “ El Oso y el Puercoespín” “....Las autoridades mexicanas, querían involucrar a la DEA en una operación encubierta contra Ricardo Monreal en los días anteriores a la elección......”, quién se encaminaba en 1988 hacia la gobernación de Zacatecas. El embajador estadounidense sospechó, según el libro mencionado, “... que la información y la oferta de colaborar contra Monreal tenían motivos políticos... ” y se hizo a un lado de la tramposa maniobra electorera zedillista”.

 El operador de esta perversidad, una vez más, (según investigación de Katia D´Artigues) era Liévano Saenz, Secretario de Gobernación alterno para los fines negros de Ernesto Zedillo.

En el mismo libro, Davidow dedica siete páginas, no una simple referencia, a describir las razones de Washington para involucrar a Liévano con el narcotráfico y cómo a pesar de las desmesuradas reacciones de Zedillo para exculparlo, a través de su procurador Madrazo, fuentes oficiales en Washington, ofrecieron tal información al New York Times, que éste tituló: “ México exonera a un alto funcionario pero no convence a Estados Unidos”.

Volviendo a la situación en el estado, ésta era realmente negativa, en la que estaban presentes sobre todo los constantes secuestros, mal endémico del estado,  pero que de ninguna manera era peor que el tema de las asesinadas en Ciudad Juárez que ya entonces  era un escándalo.

Siendo mala la situación de la seguridad pública, no era peor que la de Sinaloa con sus secuestros y ejecuciones, 15 en los primeros 15 días de este año,  o que la Baja California, donde el narcotráfico se había apoderado de las ciudades de Tijuana y Ensenada y dónde también las ejecuciones eran algo cotidiano. A pesar de lo muy lamentable del caso, no era peor que la que se seguiría viviendo en Morelos posterior y actualmente. Ningún comparativo puede convertirse en justificación pero si explica como, en vez de intentar colaborar en el mejoramiento de la situación, como lo haría con el gobernador siguiente, Zedillo usó el tema para arremeter contra gobernador, nunca dio la menor muestra de preocupación real por la seguridad. Su fin era otro.

Si en estos días, principio de febrero se aplicara en los estados en que está sumamente alterada la situación de seguridad pública, más de diez de ellos estarían sin gobernador. No es atacando a los poderes ejecutivos, por parte del Presidente de la República, como se resuelven los problemas de seguridad.

 Diez días después de mi salida del gobierno, el presidente exclamaría en Cuernavaca:

“Vamos a sacar de este estado a las ratas inmundas, narcotraficantes, secuestradores y asaltantes para que se pudran en la cárcel”

Sáenz, utilizó los servicios de un mercenario conocido y despreciado en Morelos, que empleaba la cobertura de ser un activista de izquierda lo que le había sido sumamente rentable por más de treinta años, pero que en realidad ahora se prestaba a ser un instrumento del gobierno zedillista, que lo financió mediante dos ONGS de la Secretaría de Desarrollo Social situadas en la delegación local y con los siempre opacos recursos emanados de la Lotería Nacional. Se llegó al colmo por parte de Sáenz de dotarlo hasta con vehículos, escoltas y viáticos de la Secretaría de Gobernación, sin que el secretario del caso  estuviera enterado.

Reclamé al propio Sáenz por qué se recibía al mercenario en Los Pinos, él con gran impudor me contestó: “durante la campaña le arregló al jefe algunos asuntos con grupos izquierdosos, por eso cuando se puede se lo subo para que se tomen un cafecito”. ¿Alguien puede darle un calificativo a tal desvergüenza?. ¿Alguien duda de la vileza de Zedillo?.

El lunes 9 de febrero en el Restaurant Mister Grill,  Graco Ramírez y el obispo Reynoso se reunieron con los dirigentes del PAN, PCM y PRD, donde se comprometieron a que el martes 17 se celebrara una gran manifestación por las principales calles de la ciudad; para alcanzar ese fin se formalizó la creación de la “Coordinadora de Movimientos Ciudadanos”. Para fortalecer sus efectivos, el obispo Reynoso se comprometió a hacer una invitación abierta a los feligreses para que participaran en la marcha y en todas las actividades que surgieran del nuevo organismo.

Esta situación culminaría con un anticonstitucional juicio político y con la sentencia de destitución e inhabilitación del Tribunal Superior de Justicia del Estado que la dictaba sin poseer el tribunal facultades para ello, puesto que las había perdido, constitucionalmente hacía más de un año. (Art. 114 Const. Pol. de los E.U.M.)

El tribunal después de sentenciar, envió el expediente a la Procuraduría General del Estado el 2 de mayo del 2000. Fue un acto injustificado pues la ley señala que se hará “si el hecho ameritare sanción penal” Art. 21 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y éste no lo ameritaba.

El titular de la procuraduría, seguramente después de acordarlo con el gobernador Jorge Morales Barud, en lugar de estudiar y resolver el no-ejercicio de la acción penal por falta de sustento, adopta la cómoda posición  de dejar pendiente el caso para que los que vienen atrás resuelvan. O bien para que por el transcurso del tiempo, la  procuraduría  pierda las facultades legales para ejercer la acción penal, como sucedió, pero en todo caso ya no sería de su responsabilidad personal. Así de responsable e íntegra se manifestó la procuración de justicia y el gobierno en que estaba inserta.

La conducta de la procuraduría de justicia en el gobierno de Estrada Cajigal fue más allá. Desatendió el tema hasta que se le exigió formalmente, por medio de mis abogados, los Lic. Oléa, que por haber transcurrido el plazo contemplado por el Código de Procedimientos Penales del Estado Art. 131, “se archivará la averiguación con efectos definitivos bajo las reglas correspondientes al no-ejercicio de la acción penal”  y así se diera por precluido el asunto.

De esta manera puede observarse, con un profundo pesar en su desnuda realidad, a nuestro sistema de procuración de justicia. A lo largo de muchos meses se evadió dar cumplimiento a lo que la ley obliga: decretar el no-ejercicio de la acción penal, al no haber logrado en ese amplío lapso que la propia ley fija sustentar la existencia de ningún hecho constitutivo de delito.

No lo hicieron. Dicho de otra forma, nunca existió un delito que perseguir.  Pero no hubo el valor de reconocerlo. Alguien dijo: El imperio de ley termina donde empieza el reino de los miedos.

El propio gobernador Estrada en más de una ocasión, en conversación telefónica sostenida conmigo el 16 de julio y durante el desayuno en Casa Morelos el 23 de agosto, señaló que “no podría enfrentar un problema de opinión pública, aceptando que el procurador acordara el archivo definitivo de la indagatoria”(sic).

Al procurador Tenorio ávila le fue imposible encontrar fundamento para configurar una conducta delictiva y prefirió acogerse al vergonzoso expediente de inventar un delito. ¿Por qué  inventado? Simplemente porque entre lo que él consigna como supuesta conducta delictiva, Art. 270 del Código Penal Incumplimiento de Funciones Públicas,  y los elementos concluyentes del Tribunal Superior de Justicia en su sentencia en el juicio político, no existió ninguna conexión. La procuraduría tenía el deber de determinar si de las conductas sancionadas por el juicio político podría derivarse una responsabilidad penal.

No lo logró. Por eso inventó conductas en las que nunca incurrí, como lo resolvería primero la Jueza1/o Penal Ma. Del Rosario Rojas Lara y posteriormente la Segunda Sala de Tribunal Superior de Justicia.

Pero hay un elemento adicional más vergonzoso. El procurador Tenorio no envía el expediente al archivo y sí lo consignó, en plena conciencia de su violación a derecho, porque no había materia y porque son facultades para hacerlo, habían terminado de acuerdo con el Art. 131 del Código de Procedimientos Penales. Simplemente él y el gobernador lo dijeron repetidamente, “no podían enfrentar un problema de opinión pública”.

Antes que asumir su responsabilidad el procurador, prefirió abandonar los terrenos del derecho logrando como resultado deshacerse de una obligación que le era imposible soportar y así prefirió transferir la pesada carga política y mediática que era de su responsabilidad al Poder Judicial del Estado. Una actitud como la que asumió el procurador, hubiera sido aplaudida entusiastamente por Pilatos.

El resultado de esta consignación es que después de un juicioso y ético examen del expediente, la Juez Primero de lo Penal María del Rosario Rojas Lara, el 17 de febrero de 2003, emite una resolución en la que expresa no encontrar elementos para iniciar un proceso penal.

Esto es, otra vez, se evidencia toda la estrategia de construcción tanto de un esquema de abandono de responsabilidades como de desarrollo de un propósito  persecutorio, ahora por las autoridades estatales, el gobernador Estrada Cajigal y el procurador Tenorio ávila.

No satisfechas las autoridades locales con la resolución de la juez invocan su derecho de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ejercieron su derecho pero sin aportar ningún agravio adicional a los ya tan reiterados, simplemente porque nunca existieron. La responsabilidad de resolver en este caso recayó  en la Segunda Sala del propio tribunal.

Habiendo conocido de la apelación del ministerio público en el mes de febrero de este año 2003, es sólo a fines del mes de enero de 2004 que se da una resolución al respecto. El tribunal atiende el caso con criterios estrictamente jurídicos resolviendo  que no hay lugar para la apelación planteada por la procuraduría.

Después de riguroso examen no encontró elementos que pudieran dar lugar a la presunción de una responsabilidad. Así lo expresa la resolución  364/03-10 que sostiene:

“por los argumentos técnicos sostenidos en la presente resolución, se CONFIRMA la dictada por la Juez Primero Penal.....y archívese como asunto total y legalmente concluido......”

Como consecuencia de todo este largo proceso de casi seis años, la actitud de Zedillo  sumió al estado en una larga  espiral de desconcierto al someterlo a la desorganización política y administrativa lógica que resultaba de desmontar en forma traumática un gobierno y hacerlo sustituir por dos más en el mismo período constitucional, con las consecuencias de discontinuidad que son inherentes.

En mi caso Zedillo hizo frustrar mi periodo gubernamental y hasta donde pudo, pretendió el inicio de un proceso penal en mi contra con la ayuda vergonzosa del Procurador General de la República Jorge Madrazo, hoy refugiado en un consulado de segunda en Estados Unidos, amparándose de la vergüenza por su conducta en tantos casos semejantes. Con cualquier procurador anterior, pensar en un episodio como éste hubiera sido imposible.

Casi seis años después, el tiempo pone a cada cual y a cada cosa en su lugar. Las oportunidades de desarrollo plasmadas en el proyecto de gobierno de la Gran Alianza no se han repetido, el estado de Morelos las perdió, no volverán.

El tiempo, que es irrecuperable, la mediocridad, la incompetencia y la mala fe del actual gobierno las cancelaron. Esto  queda claro hoy para todos.

Esta es, en términos sucintos la realidad de aquellos hechos en los que se exhibió la falta de estatura humana y de dirigente nacional de un presidente, la obsecuencia de su procurador de justicia y de otros colaboradores y la falta de respeto a la ley y valor cívico de un gobernador y su procurador de justicia que ignoran que su responsabilidad fundamental es gobernar comprometidos con el derecho.

Hago públicas las verdaderas causas de lo que vivió Morelos. Presento las principales manifestaciones de la cólera de  Zedillo que fueron resultado de su desconocimiento de la esencia de las realidades nacionales. Sus arrebatos y el envenenamiento de su carácter marcaron muchas de sus  decisiones oficiales.

 Es la verdad que el pueblo de Morelos tenía derecho a conocer, aunque tardíamente porque las circunstancias así lo determinaron.

Ratifico mi convicción de que la paz, la dignidad y la justicia son elementales aspiraciones humanas y por lo tanto, siempre debe existir algún recurso para alcanzarlas. Ratifico también mi certidumbre de que uno de los pilares de la democracia es la justicia. Por ello se engañan o tratan de engañar todos aquellos que hablan de democracia y simultáneamente incumplen con la justicia. Esto es, una expresión del autoritarismo que tanto han condenado.