Prospectiva Política

29 de septiembre de 2009

Reynaldocastromelgarejo@hotmail.com

¿Justicia para periodistas?
¿Una nueva jurisprudencia…?
¿Justicia, equidad y libertad para medios de comunicación, sus dueños y representantes?

Antes de iniciar el tema de esta entrega, respetuosamente pido una sincera disculpa a mis ambles lectoras y lectores; ya que, causas ajenas a mi voluntad, limitaron mi salud y mis recursos, lo que me impidió estar con ustedes puntualmente. Aunque tampoco se han mejorado del todo ambas circunstancias; pero, medio recuperada la salud, con renovado entusiasmo, estoy comunicándome con todas y todos ustedes, desde este modesto espacio. Gracias por su comprensión y paciente espera.

Entremos en materia. Las siguientes semanas, lo próximos días, antes de fin del mes de octubre, serán de gran expectación para distintos y numerosos dueños, reporteros, columnistas y trabajadores de los medios de comunicación. El presidente del Poder Judicial de Jalisco y el titular de PEMEX tienen un plazo de 15 días para dar respuesta a la recomendación de la CNDH.

¿Será verdad? …que una nueva jurisprudencia que apenas ha salido a la luz pública, reorientará o cancelara el ejercicio patrimonialista, personal y abusivo en la mayoría de los casos de los dineros del pueblo con el cual se pagan los servicios de comunicación social o difusión de proyectos, programas, logros y éxitos de un gobierno.

¿Será verdad? que empezarán a cambiar las relaciones entre los medios de comunicación de propiedad privada con los representantes de los gobiernos de los tres ordenes, federal, estatal y municipal, sin duda habrán de valorarse las recientes decisiones y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en sus determinaciones cuestiona el recurso de gobernantes y funcionarios de negar la contratación de publicidad pagada con recursos públicos a dueños o representantes de medios de comunicación escrita, electrónica o virtual, por no someterse a sus voluntades, intereses o proyectos de dominio y control, que en muchos casos cae en la distorsión del valor de las personas y la violación de sus derechos elementales para conservar su seguridad personal, la de sus familiares, así como la de sus colaboradores y amigos.

No obstante que los recursos públicos (se han usado desde siempre y hasta ahora, no parece que pronto cambie), han sido y son manejados, en la casi totalidad de los casos, en apego a los intereses políticos y de ambiciones personales de personajes del Poder político, parece que desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se ha iniciado un "CRUZADA" que se orienta al cambio en esas prácticas viciadas por la falta de transparencia en el origen y destino de los recursos multimillonarios que son del pueblo y que cada año se gastan en publicidad, no siempre justificada en la promoción de argumentos de gobierno.

Apenas el pasado 21 de septiembre los medios de comunicación daban cuenta de las determinaciones de la Comisión Nacional de Derechos humanos sobre el juicio que la Revista Contralinea, inició en contra de responsables de dependencias públicas por las distintas razones que les impedía obtener mediante su trabajo, la generación de ingresos mediante la venta de publicidad al gobierno federal.

"Emite CNDH recomendación por caso Contralínea" Razones de ser Lunes 21 de Septiembre de 2009. http://www.razonesdeser.com/vernota.asp?d=21&m=9&a=2009&notaid=66684

Inédito pronunciamiento por acoso judicial y veto publicitario

"o Por primera vez en su historia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una Recomendación contra el gobierno federal por el veto publicitario a un medio de comunicación como represalia a su línea editorial.

o Violaron PEMEX y Poder Judicial derechos humanos de los periodistas de la revista Contralínea

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una inédita recomendación que alude el acoso judicial contra un medio de comunicación como una forma de judicializar la libertad de expresión y el veto publicitario del gobierno federal como un método de castigo a los medios de comunicación por su línea editorial.

En la Recomendación 57/2009, "Sobre el caso de los señores Agustín Miguel Badillo Cruz, Ana Lilia Pérez Mendoza e integrantes de la revista Contralínea", dirigida al Magistrado Celso Rodríguez González, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos, la CNDH acredita que el Poder Judicial y el Ejecutivo, a través de Petróleos Mexicanos (PEMEX), violaron en perjuicio de los periodistas de la revista Contralínea los siguientes derechos:

"Los derechos humanos a la igualdad y a la libertad de expresión, previstos en los artículos 1°, párrafo tercero, 6°, párrafo primero, 7°, párrafo primero, y 134, párrafos primero, séptimo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2.1, 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 1, 2.1,2.2 y 7, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. De igual manera, lo previsto por el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como por el principio 5 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión como instrumento de interpretación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, ni por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones, que los inhiba a difundir sus ideas o informaciones".

El 12 de septiembre de 2008, los periodistas de Contralínea presentaron un escrito de queja ante la CNDH por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y del personal de la empresa que edita las revistas Contralínea y Fortuna, Negocios y Finanzas, en la que denuncian que de noviembre de 2004 a agosto de 2008 realizaron investigaciones y publicaciones periodísticas que involucran en irregularidades en la asignación de millonarios contratos a funcionarios de alto nivel del sector energético y la Presidencia de la República, y contratistas de Petróleos Mexicanos.

Con motivo de la publicación del trabajo periodístico, comenzaron a recibir amenazas y acoso por parte de funcionarios de Petróleos Mexicanos y de los directivos y abogados de empresas del Grupo Zeta, involucradas en algunos de los reportajes publicados, consorcio de gas licuado de petróleo presidido por Jesús Alonso Zaragoza López, quien amenazó a los periodistas con presentar 80 demandas en su contra, una por cada una de sus empresas.

Así, Zaragoza López demandó a los periodistas ante el Juzgado Cuadragésimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal, expediente 757/2007; el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, expediente 905/2007; el Juzgado Quinto de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, expediente 383/2008; el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, 393/2008, en todos por supuesto daño moral.

Con motivo de dichas demandas judiciales, el pasado 16 de enero el periodista Miguel Badillo fue arrestado por orden del Juez Décimo Tercero de lo Civil de Guadalajara, Jalisco. Posteriormente, emitió una orden judicial para acceder el 1 de febrero de 2009, a los archivos de la revista Contralínea.

A raíz de la revelación en Contralínea -el 15 de febrero de 2008- de los contratos que firmó Juan Camilo Mouriño con PEMEX, en su dualidad de funcionario público y contratista de gobierno, el 17 de abril de 2008, el gerente de Comunicación Social de PEMEX, Carlos Ramírez Fuentes, amenazó a la periodista Ana Lilia Pérez de que no permitiría que los funcionarios de PEMEX otorgaran entrevistas a la revista y que por su línea editorial la paraestatal no le contrataría publicidad.

En resolución al expediente de la queja número CNDH/5/2008/4462/Q, el pasado 14 de septiembre, la CNDH resolvió: "Esta Comisión Nacional acreditó que fueron vulnerados los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la igualdad y a la libertad de expresión, en agravio de Ana Lilia Pérez Mendoza, Miguel Badillo e integrantes de la revista Contralínea".

La judicialización de la libertad de expresión

En su recomendación, la CNDH acreditó que el Poder Judicial de Guadalajara incurrió en una serie de hechos irregulares en beneficio de Jesús Zaragoza y el Grupo Zeta, tales como el acreditar la existencia de un tercer denunciado (Abraham Rodríguez Ortega) para radicar la demanda contra los periodistas en Guadalajara, donde acreditó la supuesta notificación de Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez con documentos apócrifos para después llevar el juicio "en rebeldía". Sentenció a los periodistas sin que ellos tuvieran conocimiento siquiera de que había una demanda y un juicio en su contra y, posteriormente, ordenó el arresto de los periodistas consumándose en la detención de Badillo, quien fue recluido en el Centro de Sanciones Administrativas del Distrito Federal (El torito).

La CNDH documentó que en su resolución el juez introdujo cuestiones ajenas a la litis en agravio de los periodistas, para reclamarles prestaciones que ni el mismo Zaragoza planteó.

La CNDH señala: "Se acreditó que el juzgador violó en perjuicio de los codemandados lo previsto en el artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que señala que las sentencias deberán ser congruentes con las pretensiones deducidas oportunamente, condenando o absolviendo al demandado.

"Este mismo criterio es compartido por el Juez Décimo Tercero de lo Civil quien, al rendir el informe correspondiente a esta Comisión Nacional, señaló que en el procedimiento civil resulta aplicable el principio de congruencia y petición de parte, lo que no aconteció en el presente caso, toda vez que en la sentencia definitiva no se hizo ninguna valoración o razonamiento de índole jurisdiccional por el cual se ordenó condenar a los codemandados Agustín Miguel Badillo Cruz, Ana Lilia Pérez Mendoza a cumplir una prestación que nos les fue demandada".

Por ello, la CNDH acreditó "que dichas irregularidades adjetivas vulneran las garantías a la legalidad y seguridad jurídica que debe revestir el procedimiento judicial civil instaurado en contra de los demandados Agustín Miguel Badillo Cruz, Ana Lilia Pérez Mendoza".

Respecto de las irregularidades administrativas en los juicio presentados por el contratista de PEMEX, Jesús Alonso Zaragoza López, en su recomendación, la CNDH destaca: "Esta Comisión Nacional acreditó que los agraviados fueron objeto de violaciones a sus derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que se transgredieron los artículos 14.1 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que imponen la obligación al Estado mexicano de respetar el derecho al debido proceso, a la legalidad y a la seguridad jurídica"

Aunado a las irregularidades administrativas, refiere: "Respecto del acoso judicial manifestado por los quejosos, se advierte también que, con relación al expediente 393/2008 de medios preparatorios a juicio radicado ante el Juez Décimo Tercero de lo Civil en Guadalajara, Jalisco, promovidos por Thermogas, S.A. de C.V., en contra de Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, S.A. de C.V., en el que se decretó llevar a cabo una revisión a la contabilidad de la empresa editorial, esta Comisión Nacional advierte que carece del emplazamiento correspondiente por parte de la autoridad judicial a la citada empresa editorial, lo cual fue observado por el Juez Cuarto de Distrito en materia Civil en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 604/2008, en el que determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, S.A. de C.V., por lo que ordenó dejar insubsistente todo lo actuado, ya que no se respetó la garantía de audiencia a favor de la empresa en contra de la cual iban dirigidos los medios preparatorios a juicio".

Dentro de sus indagatorias, la CNDH documentó que posterior a la demanda de Guadalajara, la familia Zaragoza presentó nuevas demandas contra los periodistas en otras entidades. Una de ellas es la que se promovió contra Badillo -juicio ordinario civil 348/2009- ante el Juzgado Tercero de lo Civil en Mazatlán, Sinaloa, el cual se encuentra en trámite, y en el que se solicita la reparación de daño moral e indemnización, entre otras, por la publicación de una fotografía de Miguel Zaragoza Fuentes.

En este sentido, destaca el organismo de derechos humanos: "No pasa inadvertido para esta Comisión Nacional que las diversas demandas promovidas por particulares y empresas ligadas a un mismo grupo empresarial y aceptadas por distintas instancias judiciales, aunado a las irregularidades administrativas detectadas, pueden constituir un medio indirecto para coartar la libertad de expresión, como consecuencia del trabajo periodístico de los quejosos. Lo anterior cobra relevancia ante las amenazas señaladas por los quejosos, emitidas por parte de los abogados de las empresas demandantes en contra de Agustín Miguel Badillo Cruz y Ana Lilia Pérez Mendoza, en el sentido de que promoverían hasta 80 demandas, una por cada una de las empresa del corporativo "Grupo Zeta", lo cual fortalece la convicción de este organismo nacional respecto de la presión que se está ejerciendo en contra de los agraviados".

En este sentido, refiere la CNDH, "en la declaración conjunta emitida por el Relator Especial para la Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de Naciones Unidas, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos de fecha 18 de diciembre de 2003, señalaron que 'los trabajadores de los medios de comunicación que investigan casos de corrupción o actuaciones indebidas no deben ser blanco de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento como represalia por su trabajo".

Por ello, la CNDH resolvió que "el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 136 y 148, fracción XXXII de la Ley Orgánica de Poder Judicial del Estado de Jalisco, lleve a cabo una investigación respecto de la tramitación del expediente 905/2007, relativo al juicio civil promovido por Multigas, S.A. de C.V. en contra de Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, S.A. de C.V., Agustín Miguel Badillo Cruz y Ana Lilia Pérez Mendoza (…) radicado ante el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, y en su caso, se emitan las medidas disciplinarias que correspondan".

Discrecionalidad en asignación de publicidad

El uso direccional que hace el Poder Ejecutivo de las partidas presupuestales destinadas a la publicidad como método de premio o castigo para los medios de comunicación por su línea editorial es por primera vez motivo de una recomendación de la CNDH, ya que constituye una violación a los convenios internacionales en materia de derechos humanos y de libertad de expresión.

En su Recomendación 57/2009, la CNDH acreditó que el gobierno de Felipe Calderón, a través de Petróleos Mexicanos, vetó a la revista Contralínea como castigo por ventilar supuestos actos irregulares y asuntos de corrupción que involucran a funcionarios de alto nivel de su gobierno (incluido el fallecido Juan Camilo Mouriño; el hoy presidente nacional del PAN, José César Nava Vázquez, y el mismo Felipe Calderón).

Al respecto, "del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja, con relación a los agravios atribuibles a funcionarios de Petróleos Mexicanos, esta Comisión Nacional acreditó violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la igualdad, seguridad jurídica y a la libertad de expresión, en agravio de los señores Miguel Badillo Cruz, Ana Lilia Pérez Mendoza y periodistas de la revista Contralínea".

La CNDH detalla que derivado de la queja presentada por Contralínea, el gerente Corporativo de Comunicación Social de PEMEX, Carlos Ramírez Fuentes, rindió un informe, en el cual, dice la CNDH, "fue posible acreditar que Petróleos Mexicanos no cuenta con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios para la contratación de publicidad oficial".

Detalla que "del análisis realizado a los informes rendidos por la paraestatal a esta Comisión Nacional, no se desprenden otros elementos o criterios objetivos y definidos que justifiquen la suspensión en la contratación de la publicidad oficial con la revista Contralínea. De hecho, de la información obtenida se observa que la contratación de publicidad en los últimos 2 años otorgada a diversas revistas cuyo perfil de lectores es parecido al de Contralínea, de acuerdo con los datos públicos del Padrón Nacional de Medios Impresos Certificados de la Secretaría de Gobernación, no ha disminuido.

"En este sentido, en la información proporcionada a esta Comisión Nacional, no se deduce que la suspensión en la contratación de publicidad oficial a la revista Contralínea tenga como justificación legal una disminución general en la contratación de publicidad a todos los medios de comunicación con un formato similar al de la revista Contralínea, o que dicha suspensión obedezca a la observancia de otros criterios como serían los de cobertura, circulación o periodicidad".

Por ello, dictaminó la CNDH, "se desprende que la suspensión en la contratación de publicidad con la revista Contralínea puede ser consecuencia de su línea editorial, si se considera, como ha quedado acreditado ante esta Comisión Nacional, a partir de las evidencias e información que se allegó, que dicha suspensión no se genera a partir de algún impedimento legal o característica específica de la publicación, como podría ser el perfil de audiencia, la cobertura geográfica, el tiraje o circulación de la revista, o de una reducción en general de la contratación de publicidad por parte de la paraestatal con revistas similares".

Así que, "sí es posible acreditar plenamente la falta de procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios por parte de Petróleos Mexicanos en la contratación de publicidad oficial, lo que puede alentar a sus funcionarios a utilizar discrecionalmente los recursos públicos dirigidos a la comunicación social de la paraestatal para premiar o castigar a los medios de comunicación por su línea editorial, lo cual vulnera los derechos a la igualdad, a la seguridad jurídica y por supuesto a la libertad de expresión en agravio de los periodistas y directivos de los medios de comunicación, en este caso de la revista Contralínea".

Por primera vez, la CNDH habla de la falta de regulación en materia de contratación de publicidad del gobierno federal. No existen, dice "procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios para la contratación de la publicidad oficial, que puedan garantizar la igualdad de oportunidades entre los diversos medios que buscan contratarla, entre ellos la revista Contralinea".

Lo anterior, advierte, "deja abierta la posibilidad de incurrir en prácticas discrecionales afectando no sólo al pluralismo informativo y el debate público, elementos ambos esenciales de una sociedad democrática, sino también vulnerando el derecho a la igualdad si se considera que ante supuestos de hecho iguales se aplican consecuencias jurídicas desiguales, sin que exista, por lo menos en el caso que nos ocupa, una suficiente justificación legal que acredite tal diferencia, como ha quedado acreditado en este documento".

Analiza además que ello implica la no observancia a los acuerdos internacionales en materia de Libertad de Expresión signados por el Estado mexicano. Refiere incluso los señalamientos que a este respecto ha hecho la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su informe anual de 2003 señala el veto publicitario como una forma de coartar la libertad de expresión:

"El asesinato de periodistas investigadores, el cierre de un periódico por el Estado, expresiones de violencia contra periodistas por parte de las fuerzas de seguridad o la negativa a permitir que salgan al aire ciertos programas de televisión, son todos ejemplos elocuentes de violaciones directas del derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, detrás de estas violaciones flagrantes, existen formas indirectas más sutiles y a veces más efectivas por las que el Estado coarta la libertad de expresión. Debido a que estas violaciones indirectas son con frecuencia obstrucciones oscuras, impuestas silenciosamente, no dan lugar a investigaciones ni merecen una censura generalizada, como ocurre con otras violaciones más directas."

En su recomendación 57/2009 contra Petróleos Mexicanos, la CNDH enuncia "que los derechos consagrados por los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen como criterio indiscutible la no-discriminación y, en ese sentido, resultaría una forma indirecta de coartar la libertad de expresión cualquier medida que discrimine a un medio de comunicación de recibir publicidad oficial a causa de su línea editorial o crítica hacia la administración pública".

Asimismo, que "el Principio 13 de la Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión, que funge como criterio de interpretación de la Convención Americana, señala que la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial con el objeto de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales en función de sus líneas informativas atenta contra la libertad de expresión y debe ser prohibida por ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente, siendo el rol principal del Estado facilitar el más amplio, plural y libre debate de ideas, y que cualquier interferencia que implique restringir la libre circulación de ideas debe estar expresamente prohibida por la ley, por lo que presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión".

La falta de estos criterios en la contratación de publicidad, dice la CNDH, "puede generar incertidumbre jurídica en los medios que buscan contratarla, en este caso la revista Contralínea, vulnerando con esto la prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir dentro de un Estado de Derecho, bajo la vigencia de un sistema jurídico normativo coherente y permanente, dotado de certeza y estabilidad, y que defina los límites del poder público frente a los titulares de los derechos subjetivos".

En resolución a la queja presentada por los periodistas de Contralínea, concluyó que "la falta de procedimientos y criterios claros, objetivos, transparentes y no discriminatorios por parte de Petróleos Mexicanos para la contratación de publicidad oficial, deja abierta la posibilidad de incurrir en prácticas discrecionales para la distribución de recursos públicos con el objeto de premiar o castigar a los medios según su línea editorial, lo que afecta no sólo al pluralismo informativo y el debate público, ambos elementos esenciales de una sociedad democrática, sino también se violan los derechos humanos a la igualdad, seguridad jurídica y a la libertad de expresión".

Determinó que los funcionarios de PEMEX violaron "los artículos 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impone la obligación a todos los servidores públicos de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad; 7 y 8, fracciones I y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; así como las demás disposiciones legales analizadas en el presente capítulo, con lo que se violó, en agravio de los periodistas de la revista Contralínea, los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, derechos previstos en los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14.1, 17.1, 17.2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 8.1, 11.1, 11.2, 11.3 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

Así mismo, "se violaron en perjuicio de los periodistas de la revista Contralínea los derechos humanos a la igualdad y a la libertad de expresión, previstos en los artículos 1°, párrafo tercero, 6°, párrafo primero, 7°, párrafo primero, y 134, párrafos primero, séptimo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2.1, 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 1, 2.1,2.2 y 7, de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

"De igual manera, lo previsto por el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como por el principio 5 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión como instrumento de interpretación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, ni por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones, que los inhiba a difundir sus ideas o informaciones".

La CNDH resolvió que Juan José Suárez Coppel deberá instruir a que la paraestatal "cuente con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios, en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial a favor de los distintos medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos".

La CNDH resolvió que en el ámbito de sus atribuciones, las autoridades y dependencias administrativas deberán investigar los agravios en contra de los periodistas para aplicar las sanciones conducentes y subsanar las irregularidades. Instó también a que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial ponga en práctica las medidas necesarias "para evitar que en el ejercicio de un derecho pueda generarse un medio indirecto, como podría ser el acoso judicial, para atentar contra la libertad de expresión".

¿Será el inicio de una obligada apertura y mayor transparencia en los gastos en comunicación social en muchas dependencias de los tres niveles de gobierno?

¿Será el inicio de litigios que se basaran en estas determinaciones para reclamar sus legítimos derechos a vivir con honestidad de la profesión de periodistas o de sus empresas que son medios de comunicación?

¿Será el inicio de mejores relaciones institucionales entre medios de comunicación y gobierno en sus tres niveles?"

" ¿Justicia para periodistas?
" ¿Una nueva jurisprudencia…?
" ¿Justicia, equidad y libertad para medios de comunicación, sus dueños y representantes?

VEREMOS…

Prospectiva Política

15 de septiembre de 2009
reynaldocastromelgarejo@hotmail.com

¿Se Acuerda Señor Gobernador…?
fue la noche del 15 de septiembre de 2008…
frente al Palacio de Gobierno del estado de Veracruz
Un Comando Armado casi masacra a una familia…
Fue hace un año, casi matan a Martín,
a su esposa y a sus pequeños hijos
¿Nadie investigó?
Sí, hay Denuncia de Hechos…
¿No hay culpables?
¿NO HAY JUSTICIA?

Señor Gobernador, ¿Recuerda lo que decía la manta?
Que provocó tanto odio y tan temeraria agresión

"FIDEL, TU INJUSTICIA también LATE CON FUERZA
Y SEGUIMOS ESPERANDO ¡BASTA DE IMPUNIDAD!"

Un Comando Armado invadió con destreza
las oficinas de Diario Tribuna…
Una voz Gritaba a Martín:
"Quita esa madre hijo de la chingada…"
"¿Por órdenes de quién?...preguntó Martín…
¡POR ÓRDENES DEL GOBERNADOR, HIJO DE LA CHINGADA!"...
respondió una fuerte voz de entre el Comando Armado.
Martín, atinó a actuar con calma y salvo su vida y la de los suyos
Mientras desde la habitación contigua, alguien gritaba:
¿Cuántos están ahí?… abre hijo de la chingada… ¿Cuántos están ahí?… abre!!!"

Un Año después y desde 6 años antes, a Martín Serrano Herrera le niegan la JUSTICA.

POR ESO SIGUE RECLAMANDO

Señor gobernador, en pleno ejercicio de mis derechos constitucionales, respetuosamente, a un año de los HECHOS y la INJUSTICIA, que usted muy bien conoce, le reitero mi petición de hace casi un año (01-12-08), por razones de interés público, humanitarias y de elemental JUSTICIA. Confío en que en su sano y sereno juicio, asuma y respete su responsabilidad Constitucional; mejore su disposición hacia el reclamo de un ciudadano común, que se gana la vida como periodista y a quien, esa libertad y actividad profesional se la han coartado y bloqueado; y para bien, o botón de muestra: es familiar suyo.

En espera de que usted cumpla lo que le ofreció conforme a sus facultades y atribuciones constitucionales como Gobernador, para que acabe para él y sus familiares; colaboradores y amigos, esa incertidumbre que provocan las temerarias y extremosas acciones de un Comando Armado en contra de su vida y la de sus seres queridos, que por razones obvias se teme que en cualquier momento se vuelva a repetir, o tenga una nueva versión, en solitario o en grupo.

Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador Constitucional del estado de Veracruz, Llave
Presente.

Señor gobernador, como usted bien sabe, en la más sincera actitud ciudadana, millones de veracruzanos aspiramos a que usted sea congruente en sus hechos, con base en lo que ha expresado en sus dichos. Lo mismo ocurre en las familias, en las amistades y con las autoridades en general escolares, universitarias, administrativas, municipales y federales. En razón de la esperanza de millones de mujeres y hombres veracruzanas y veracruzanos de distintas edades, valoro pertinente retomar lo publicado en NOTIVER en aquél domingo 30 de noviembre de 2008: "En la víspera de lo que sería el inicio de su quinto año de gobierno: "… el gobernador Fidel Herrera Beltrán aseguró este día que en lo que resta de su gobierno se dedicará de lleno a proteger el empleo, a generar oportunidades de ingreso y a invertir en la gente, "primero la gente, su alimentación, su seguridad, su vestido, su casa, su salud"

Señor Gobernador respetuosamente me dirijo a usted, como ciudadano veracruzano y mexicano, en pleno ejercicio de mis derechos constitucionales, para compartir con usted reflexiones en temas de interés público; de alto valor humano y de atención a la demanda ciudadana, ante hechos que ponen en peligro la vida de ciudadanos veracruzanos y sus familiares; en defensa de la Libertad de Expresión y en la urgente necesidad de que mejore la prestación de los servicios públicos en su gobierno; desde este modesto espacio valoro pertinente, volver a insistir en invitarlo a reflexionar y en pedirle su oportuna intervención para evitar que en nuestro amado estado de Veracruz, se sigan cometiendo injusticias, persecuciones, amenazas, intimidaciones, amedrentamientos, agresiones y/o mayores riesgos de crímenes, "levantones", homicidios o desapariciones en contra de periodistas, sus familiares, colaboradores y amigos.

Señor Gobernador, el pasado 22 de septiembre (de 2008), le compartí en mi entrega semanal, el escrito que días antes me envío mi Amigo y compañero Martín Serrano Herrera, al otro día de sobrevivir, de salvar la vida ante una agresión armada, junto con su esposa, sus tres hijitas y su hijo, todos menores de doce años de edad. Por fortuna no dispararon en su contra. Vea usted, ahora en una formal denuncia, que vivencias le provocaron su temeridad por PEDIR y RECLAMAR JUSTICIA:

Señor Gobernador, en esta entrega, nuevamente le comparto la denuncia en la que Martín Serrano Herrera, RECLAMA JUSTICIA, y que por la vía legal presentó ante el C. Procurador General de Justicia del estado de Veracruz, en la ciudad de Jalapa de Enríquez, Veracruz, el Jueves 27 de noviembre del 2008, con copia a otras autoridades, organismos no gubernamentales y a la opinión pública en general.

Por todos los antecedentes que usted conoce y los riesgos de que ocurran nuevamente hechos sangrientos en contra de otras y otros periodistas, sus colaboradores y hasta sus familiares, como es el caso que nos ocupa de su pariente Martín Serrano Herrera, respetuosamente le pido que:

1. Que no deje sin efecto, posponga, postergue o dilate su compromiso constitucional de salvaguardar la integridad personal de todas las personas y sus familias, que radican en Veracruz y se dedican a labores honradas, como es el caso de Martín Serrano Herrera.
2. Intervenga y resuelva como ha ofrecido, según se precisa en la denuncia de Martín Serrano Herrera, oportunamente antes de que podamos llegar a tener otro hecho tan lamentables o más que los ocurridos a otros periodistas que en nuestro amado estado de Veracruz, han perdido la vida durante el trayecto de su gobierno.

A continuación le comparto el texto integro de la citada denuncia que fue entregada, como consta en los correspondientes sellos de RECIBIDO el 28 de noviembre del 2008, por personal que labora en la Secretaría Particular del C. Procurador y en la Agencia 15 de la Dirección General de Investigaciones Ministeriales de la misma Procuraduría del gobierno del estado.

C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ
C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR
P r e s en t e.

MARTÍN SERRANO HERRERA, mexicano, mayor de edad, fundador, propietario y director general del periódico denominado Diario TRIBUNA, con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en doctor Rafael Lucio número 1-206, esquina Parque Lerdo 2, Centro de la ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, México, por mi propio Derecho y con fundamento en los Artículos 1, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 20, 21, 22, 102, 108, y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con este escrito comparezco ante usted para señalar acontecimientos de los cuales considero que se desglosan gran cantidad de delitos, sucesos que a continuación narro:
HECHOS
Como indico en el proemio del presente, encabezo un proyecto editorial que inicié el dos de febrero del año 2000, de lo cual hay Fe Pública.
Desde entonces a hoy hemos sido agredidos continuadamente, en represalia al trabajo informativo que cumplimos. Y todos los ataques continúan impunes.
Para abatirnos han sido empleados recursos del Estado en numerosas ocasiones, lo que he podido acreditar en más de una veintena de expedientes de los cuales hay registro en agencias del Ministerio Público de esta demarcación judicial, como en la Procuraduría General de la República.
Las agresiones no cesan.
El 15 de septiembre del año en curso, aproximadamente a las 18:00 horas, sobre unos de los balcones de las oficinas de mi periódico que se ubican frente a la plaza pública Sebastián Lerdo de Tejada y al palacio de gobierno, en el Centro de esta capital, desplegué una bambalina de aproximadamente tres metros de alto por dos de ancho, con un texto cuya finalidad era llamar la atención del gobernador Fidel Herrera Beltrán por los descomunales ataques impunes contra la publicación que encabezo, contra mí, mis colaboradores y cercanos, y en razón de que los numerosos llamamientos que se le han efectuado, incluso que ha firmado de recibido, no habían tenido respuesta.
Dicha acción, que se encuentra inscrita en la garantía del derecho a la libertad de expresión y manifestación, fue motivada también por la persistencia de ataques y crímenes odiosos en contra de la prensa crítica en toda la entidad veracruzana, cuya consecuencia irrecusable es el despojo a la sociedad de su derecho de conocer la realidad.
Cuatro de mis descendientes, todos menores de edad, y la mamá de éstos, habían arribado a las instalaciones de mi periódico minutos antes, ya que desde ahí pretendían observar el evento musical que tenía verificativo abajo, así como posteriormente atestiguarían la ceremonia de "el grito" que mas tarde encabezaría el gobernador justo enfrente, es decir, en el balcón central del palacio de gobierno.
Aparte de mí nadie sabía que me iba a manifestar desde lo alto explayando el lienzo referido, que exhibía las palabras siguientes >>>
FIDEL, TU INJUSTICIA también LATE CON FUERZA Y SEGUIMOS ESPERANDO ¡BASTA DE IMPUNIDAD!
Sin aviso previo desplegué la bambalina, intentando una manifestación pacífica con la cual pretendía que Fidel Herrera Beltrán hiciera conciencia de su responsabilidad constitucional y que como titular del Ejecutivo que es, mediante los instrumentos del Estado no instigue mas agresiones ni reprima, sino que prevenga, investigue y sancione todos los actos que atenten contra las libertades fundamentales de los ciudadanos, y en el caso específico que sean atendidos mis reclamos, algunos de los cuales, como ya mencioné, constan en mas de veinte expedientes en las instancias de administración de justicia.
Pude ver que al momento que realizaba mi protesta muchas personas se percataron y desde distintos puntos fotografiaron. Adjunto una de las fotografías que luego llegaron de manera anónima.
Al cabo de breve lapso durante el que mi pancarta estuvo fuertemente asegurada a la protección metálica del balcón, sobrevino un chubasco que obligó a los concurrentes al festival septembrino en la plaza Lerdo a extender paraguas rojos que les habían repartido desde vehículos que permanecieron estacionados en las inmediaciones durante las horas previas.
Y fue en ese momento que de encima de la azotea de las oficinas de mi periódico escuchamos golpes muy fuertes y simultáneamente miramos que la bambalina era tironeada hacia lo alto; supusimos que la movía el fuerte viento que en ese momento azotaba, por lo que salí al balcón para constatar que continuaba bien asegurada, siendo mayúscula mi sorpresa al ver que desde arriba y con una vara larga unos individuos vestidos de civil arremetían contra ella e intentaban desprenderla.
Uno de esos sujetos ya estaba desprendiéndose de la azotea en dirección hacia mi rótulo y por encima de él se asomó el cañón de metralletas en dirección a mí. El tipejo me gritó "¡quita esa madre, hijo de tu chingada madre!" y otro secundó sus gritos ladrando un imperativo "¡qué la quites!", a lo que alzando la voz les cuestioné que ¿por órdenes de quién?, alcanzando a distinguir que de la azotea del edificio que está al otro lado de la calle Rafael Lucio por lo menos otros tres que portaban vestimenta oscura como la que uniforma a los elementos de la policía preventiva local, también apuntaban sus armas en dirección a mí. Uno de los patibularios que se veía que estaba recostado por encima de las oficinas de mi medio de comunicación, asomándose desde la azotea del edificio, me gritó: "Quita esa madre hijo de la chingada…" contestando a mi pregunta: "¿Por órdenes de quién?... ¡POR ÓRDENES DEL GOBERNADOR, HIJO DE LA CHINGADA!"...
Al día siguiente que retorne al lugar, pasado el meridiano, constaté que se llevaron mi bambalina tras cortar los alambres que la aseguraban firmemente, así como uno de los postes que la sostenían y dejando otros soportes maltratados, los cuales permanecen en el lugar como comprobación del ataque.
Ante esa situación de emergencia traté de mantener la calma en tanto que analizaba con rapidez cómo escapar de los agresores y proteger a mis familiares. Veloz salté hacia adentro y le pedí a los míos que continuaran en silencio. A prisa colocamos un mueble de metal para bloquear esa puerta e insté a mis hijos y su mamá a refugiarnos en una pieza anexa. De ahí decidí pasarlos a otra área intentando mayor seguridad para todos, pero al abrir la puerta hacia el pasillo en penumbras, para mudarlos, sobre mi pecho fue colocado el cañón de un arma de fuego portátil de las comúnmente conocidas como metralleta.
¡Ahí estaban apuntándome varios sujetos que también habían invadido el pasillo!
Al mirar que había niños se desconcertaron, lo que aproveché para arrojar la puerta a la cual también le colocamos obstáculos que dificultaran su eventual derribamiento mientras pensaba en cómo enfrentar la contingencia.
Entonces comenzaron a golpear la puerta y a proferir frases altisonantes, como la siguiente: "¡¡¡… ¿Cuántos están ahí?… abre hijo de la chingada… ¿Cuántos están ahí?… abre!!!"
Eran muy insistentes en preguntar que cuántos estábamos dentro de las instalaciones de mi periódico, pero guardamos silencio.
Refugié a todos en un tercer cubículo, donde permanecimos varias horas, tiempo durante el cual desde mi teléfono celular marqué a la línea local de emergencias 066 para acusar esta agresión a la libertad de expresión y manifestación donde estuvo en muy grave peligro mi vida, la de mis hijos y de su mamá, y las instalaciones donde se ubica este medio de comunicación fueron violentadas. La operadora del 066 que me atendió me corroboró que ahí graban todas las llamadas.
También marqué al teléfono de Andrés Timoteo Morales, corresponsal del cotidiano LaJornada, y a otras personas para comunicarles esta situación de la cual permanecieron atentos.
Por diversas fuentes, después me enteré que en todo momento el diputado Érick Lagos Hernández estuvo al tanto de este censurable acontecimiento y cuando el diputado Sergio Vaca Betancourt le solicitó que interviniera para frenar la agresión respondió "que le partan su madre", agregando que me lo merecía pues para qué había yo colgado una manta en contra del gobernador, creencia errónea porque en realidad se trataba de una protesta a la que se llegó en razón de que otras expresiones de inconformidad han resultado insuficientes para ganarle un espacio a la apatía y pasividad gubernamentales. También supe que Hugo Maldonado Díaz, colaborador del secretario de gobierno, Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez, se expresó con mucho desprecio hacia mi persona al informarle a este funcionario respecto a la bambalina que yo había colocado; Maldonado fue redirigido hacia el vocero oficial Juan Alfredo Gándara Andrade quien le contestó que le pediría instrucciones al gobernador respecto a qué hacer, versión que días después personalmente y en todos sus términos me fue confirmada por el citado Gándara Andrade.
Aún a resguardo en una de las áreas del periódico y mientras esporádicamente seguían los golpes a las puertas de mis oficinas, recibí telefonemas supuestamente de parte de colaboradores del gobernador Herrera, algunas de esas llamadas telefónicas desde el número (228) 8 41 80 00, mediante las cuales me confirmaron que en el edificio estaban apostados varios sujetos armados, y al lado de las puertas de las oficinas de mi periódico, indicándome que en cualquier momento el "comandante caudillo" se encargaría de retirarlos para que con mis familiares yo abandonara el lugar, informándome que una cámara de seguridad desde el palacio de gobierno estaría emplazada hacia la puerta del edificio para grabar el momento en que nos retiráramos de ahí. Sarcásticamente se me dio a escoger si retirarme de las instalaciones de mi periódico o continuar adentro "para ver la ceremonia de el grito".
Antes de que saliera de las instalaciones, por el mismo teléfono (228) 8 41 80 00, a las 22:25:32 horas, se me pidió que nos asomáramos al balcón del cual desaparecieron mi bambalina, para que las cámaras del palacio de gobierno nos videograbaran; a lo cual tuve que acceder en razón del historial de represalias por nuestra labor informativa, y como una alternativa de protección a mis familiares que en ese momento eran las víctimas mas sensibles.
Luego de que por el mismo teléfono me confirmaron que nos estaban videograbando, y que todo el episodio que denuncio lo habían capturado también, por seguridad de mis familiares que quedaron con un terrible trauma por estos hechos procedí a marcharme de las instalaciones de mi periódico.
Al día siguiente, poco después del medio día, cuando acudí a las instalaciones de Diario TRIBUNA constaté que además de causar estropicios hacia el interior del pasillo, donde me destrozaron el logotipo del periódico, se metieron al área de mi oficina, la cual consta de dos piezas, donde revolvieron todo, voltearon los muebles y una cámara fotográfica desapareció; aunque aparentemente sólo pudieron ingresar a una de estas piezas, probablemente porque la puerta de metal que las intercomunica tiene una cerradura que se atora al intentar abrir.
A otra puerta de las oficinas de mi medio de comunicación, que también da al pasillo, le averiaron el llavín alcanzándose a ver los intentos de abrirla.
En el resto del edificio los intrusos dejaron sus huellas, con envases de bebidas embriagantes y reguero de los cristales que destrozaron a oficinas vecinas. Actuaron a sus anchas ya que una vez que en compañía de mis familiares abandoné las instalaciones de mi periódico sólo quedaron ellos, escondidos, en los pasillos de la propiedad.
Después de esa agresión transcurrieron unas semanas de aparente calma, pero el sábado 11 de octubre, alrededor de las 18:30 horas, cuando abría la puerta del automóvil que ahora conduzco y que estaba estacionado sobre la calle Jesús González Ortega, casi esquina con la calle Insurgentes, a tres calles de las oficinas de mi periódico en el Centro de esta ciudad, de pronto sentí sobre el costado izquierdo que algo me oprimía, al tiempo que voces me planteaban que no volteara pero alcanzando yo a mirar que aparentemente se trataba de una pistola. Eran dos sujetos, de estatura mediana, uno de ellos obeso, quienes amenazaron que no me siguiera metiendo "con el señor gobernador Fidel Herrera" o que me arrepentiría, y que si me sentía yo "muy cabroncito"; desconozco si un funcionario y un empleado del gobierno estatal a los que había yo saludado momentos antes sobre esa misma rúa se percataron del incidente que para mi fortuna no pasó del susto, pues acto seguido los sujetos en cuestión se fueron corriendo hacia la calle Insurgentes donde dieron vuelta en sentido contrario a la circulación vehicular. Opté por abordar el vehículo y de ahí me dirigí a la calle Revolución número 262, donde estaban mis familiares que habían llevado a rasurar a uno de mis hijos. No comenté nada de este incidente con nadie de ellos debido a que estoy tratando de que aminoren sus preocupaciones después de lo ocurrido el 15 de septiembre, que narro en líneas anteriores.
En pos de evidencias contundentes y al no cesar el acoso, luego de varios intentos el 17 de Octubre siguiente, alrededor de las 16:00 horas, localicé al gobernador Fidel Herrera Beltrán cuando salía de un evento efectuado en un salón de fiestas que al parecer es del sindicato de electricistas, ubicado en la calle Ignacio Allende de esta ciudad. Al verme, rápidamente el mandatario extendió su mano para estrechar la mía y me lanzó un desconcertante "Quihúbole… ¿qué quieres?", corroborando inmediatamente lo que yo quería saber: "…vi tu manta, eh?".
Sin detenerse y literalmente huyendo del sitio, desde la camioneta roja que utiliza Fidel Herrera Beltrán les gritó a sus colaboradores que me llevaran a su oficina en palacio de gobierno y que me metieran por la cochera. "¡Voy para allá, alcánzame allá!..", expuso a voces dirigiéndose a mí. Por medios propios mas tarde acudí al recinto gubernamental donde, al verme llegar caminando, los custodios del gobernador me apresuraron diciendo que "el jefe" me estaba esperando, metiéndome rápido al elevador y subimos.
Cuando arribé a la oficina del gobernador éste permanecía en el sanitario, por lo que me condujeron a un salón adyacente que tiene grandes ventanales desde donde se mira el parque Benito Juárez García. Rato después, pero antes de que Fidel Herrera Beltrán saliera del sanitario, fui retornado a la oficina principal del palacio. El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz salió del "baño" frotándose las manos y se sentó en un sofá e intentó alguna broma; luego se acordó que somos parientes y se declaró ajeno a las agresiones que he venido denunciando durante estos años, afirmando que frenaría esta situación y en mi presencia comisionó a varios de sus colaboradores para que atendieran "este problema", entre ellos al secretario privado Juan Carlos Fernández Ruiz, al secretario particular Luis Arturo Ugalde Álvarez, quienes estaban presentes, así como al vocero oficial Juan Alfredo Gándara Andrade, descartando a otros porque "no arreglan ni donde se acuestan". "¡Me tiene hasta la… esta bola de inútiles, burocracia inservible!" profirió en algún momento relacionando por nombre a varios de sus colaboradores, a quienes en ese momento no vi en el lugar.
Respetuosamente le expuse al mandatario mi permanente disposición al diálogo, puntualizando del mismo modo que bajo ninguna circunstancia se podrá comprometer mi convicción de dar a conocer verdades sociales sobre una realidad que está a la vista de todos y es irrefutable.
Él volvió a expresarme: "…vi tu manta, pero yo soy ajeno a eso" procediendo enseguida a hacer cera y pabilo, como coloquialmente se dice, a varios individuos que permanecían cerca de él y luego, por teléfono en altavoz, al vocero oficial Juan Alfredo Gándara Andrade, a quien ásperamente recriminó que él tiene que resolver todos los problemas ya que todos los que lo rodean son ineptos, por decirlo en palabras cordiales. También les dijo que (a sus colaboradores) yo los quería "quemar" pero en la Plaza Lerdo, aludiendo al autoinmolado Ramiro Guillén Tapia.
Aunque en realidad estábamos en su oficina del palacio de gobierno, por teléfono con el altavoz activado, el gobernador le indicó a su vocero oficial: "Aquí estoy con Martín en el TRIBUNA, tuve que subir a verlo a su oficina… ¿ustedes qué hacen? nada!.. Ahorita voy a arreglar los problemas que traemos con TRIBUNA", y cuando Gándara balbuceaba algo le interrumpió la comunicación y dirigió sus palabras a su secretario privado, Juan Carlos Fernández Ruiz, ordenándole que este asunto debería quedar resuelto inmediatamente, ofreciéndome que a partir de ese momento se solucionaría todo lo relacionado con mis reclamos de justicia y cesarían las agresiones, aunque socarronamente expresó que "aquí ni siquiera conocemos las metralletas" cuando repliqué acerca de los hechos del 15 de septiembre en las instalaciones de mi periódico, narrados ya, y donde mis familiares y el suscrito estuvimos en grave peligro.
Se levantó y me acusó de estarlo retrasando en sus actividades, pidiéndome que siguiéramos conversando a bordo de la camioneta oficial, pues iba a inaugurar el edificio de la Procuraduría estatal, ubicado en la avenida Culturas Veracruzanas, y luego al arzobispado. En el trayecto le insistí respecto a mi demanda de justicia y, entre telefonemas sin fin y órdenes a Luis Arturo Ugalde Álvarez que iba sentado a mi izquierda, y a Juan Carlos Fernández Ruiz que iba a mi derecha, todos en la parte de atrás y él junto al conductor, repitió que todo se arreglaría y que también me restituiría el automóvil que me robaron hace varios meses. Días después de una agencia automotriz me quisieron cobrar un vehículo que alguien se llevó facturado a nombre mío.
Llegamos ante el nuevo edificio de la Procuraduría estatal y el gobernador me pidió descender de la unidad junto a él, procediendo a gritarle al procurador Salvador Mikel Rivera, en tono festivo: "Mikel, mira!... aquí te traigo al primer detenido…", diciendo esto delante de muchos reporteros y fotógrafos, quienes ya esperaban para la referida inauguración, lo cual no me hizo ninguna gracia ya que me percaté de que todo era una chanza de parte suya ante una demanda formulada con toda seriedad y de manera por demás respetuosa.
En los días siguientes acudí al palacio de gobierno varias veces, atendiendo a que el 17 de octubre el jefe de las instituciones de Veracruz me solicitó que fuera a verlo a ese lugar para ultimar detalles respecto a la solución a mis demandas justas que, por tanto, no constituyen pretensiones o exigencias que no estén sustentadas en Derecho.
Sin embargo, después de ese encuentro con el gobernante no ha habido absolutamente ningún avance en este caso, con lo cual también se lastima la de por si escasa credibilidad. Y luego de ese día sus colaboradores que se mostraron exageradamente comedidos, transformaron su actitud en pedantería y despotismo, desde los cancerberos que determinan qué ciudadano traspone la puerta de entrada al palacio de gobierno y quienes resultan non gratos, los de las puertas de la oficina de petición de audiencia, y así sucesivamente.
Algunas de esas veces que he acudido a la sede del Ejecutivo estatal se ha asomado al pasillo Ricardo Olivares Hernández, quien se identifica como amigo y auxiliar del secretario privado del gobernador, para pedirme que vuelva en otra ocasión debido a que "mi jefe está en una reunión".
A fuerza de insistencia, el miércoles cinco de noviembre a las dos de la tarde logré ver unos instantes a Juan Carlos Fernández Ruiz, a quien en una salita del inmueble gubernamental alcancé a recordarle el compromiso del gobernador Fidel Herrera Beltrán, confesándome éste que aunque el día del encuentro con el mandatario, el 17 de octubre, les pidió que salieran para hablar conmigo, él y los demás escucharon toda la conversación, por lo que me ofreció un plazo de ocho días, tiempo coincidente con el viaje del gobernador de Veracruz a China, para una respuesta definitiva que dijo que me haría saber incluso antes de ese término si lograba comentarlo con el gobernante.
En ese ínter, el lunes 10 de este noviembre, a medio día, dentro de las instalaciones de mi periódico, justo tras la puerta que da al balcón de donde con violencia arrancaron la bambalina la noche del 15 de septiembre, como relato en líneas precedentes, apareció tirado adentro, justo a mitad de la pieza, uno de los postes utilizados para sostener la tela empleada en mi manifestación, mismo que en esa ocasión se llevaron junto con mi bambalina. Situación altamente sorprendente.
El jueves 13 de noviembre asistí al palacio de gobierno a solicitar audiencia con el citado Juan Carlos Fernández Ruiz, secretario privado del gobernador Fidel Herrera Beltrán, y de nuevo apareció Ricardo Olivares Hernández quien me condujo a los pasillos exteriores para decirme que no tenían conocimiento de nada (¡qué burla!), pero que le comentaría al referido Juan Carlos Fernández Ruiz de mi presencia y que en la noche me hablaría por teléfono. Al no hacerlo así el siguiente medio día y en la tarde-noche, 14 del presente, nuevamente fui al edificio gubernamental, infructuosamente pues "no estaban".
Esa noche aproveché para ver en su oficina al vocero oficial Juan Alfredo Gándara Andrade, quien empezó por preguntar respecto a mi salud y reiteradamente se lamentó de su hernia hiatal que no lo deja alimentarse "adecuadamente". Gándara me comentó que una persona de nombre Othón González no lo quiere y que supuestamente anda filtrando a "enemigos políticos" cierta información para perjudicarlo; luego señaló que iría a comentarle "al jefe" que me "andan bateando" sus colaboradores, y le ordenó a sus secretarias que volvieran a anotar mis datos de contacto, diciéndome que le preguntaría "a Fidel" y me telefonearía, pero que lo haría luego de que el mandatario superara el protocolo de su Cuarto Informe de Gobierno en la legislatura, cambiando mas adelante de que sería mejor que yo regresara a esa oficina el "lunes o martes".
Ese viernes 14 de este noviembre, antes de entrevistarme con el vocero oficial a las ocho de la noche, fui al área de fotografía dependiente de esa oficina para preguntarle al ciudadano René Corrales Martagón si guardaba en su archivo las imágenes que captó de las agresiones del 15 de septiembre ya descritas, confirmándome que sí fotografió varias veces desde dentro del palacio de gobierno en la hora y fecha citadas, tal como ya me lo había informado días atrás cuando nos encontramos al cruzar por la Plaza Lerdo. Rato después, mientras yo saludaba a los demás fotógrafos que estaban ahí reunidos, de nombres Adrián, Marcelo, Alfredo, César, otro Alfredo, etcétera, me comentó que sí guardó las fotografías en cuestión pero que éstas habían desaparecido pues aparentemente alguien le borró sus archivos.
Finalmente, el martes 18 de este noviembre a medio día cuando yo cruzaba por uno de los pasillos del palacio de gobierno, el multicitado Juan Alfredo Gándara Andrade salía de su oficina seguido por su asistente Francisco Reyes Isidoro y al percibirme me solicitó que fuéramos "a ver al gobernador", pero al llegar a la planta alta del palacio de gobierno cambió de discurso indicando que era mejor que acudiera en la noche a las oficinas de comunicación social para saber "qué dijo el gobernador" de mis demandas. Acudí pero ya no me recibió, ni en fecha posterior.
Y la tarde del 19 de este noviembre, a las 16:27 horas, un sujeto llamó a uno de los teléfonos de mi oficina para formularme amenazas y tratar de intimidarme luego de aludir a mi trabajo editorial. Intentando yo alargar la conversación le pedí que se identificara, respondiéndome con evasivas y concluyendo con la advertencia de que "van" por mí.

C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ
C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR
Como ya narré y consta en numerosos expedientes, es inconmensurable el número de agresiones en contra de nosotros como represalia al trabajo informativo que llevamos a cabo, y resulta preocupante la falta de reacción de las autoridades responsables (de los hechos) frente a situaciones de esta naturaleza, donde se ataca a las libertades de información, expresión y prensa al ser reprimidas manifestaciones urbanas y pacíficas como las que he realizado en demanda de justicia.
En la práctica, aquí, en esta entidad federativa donde el propio gobernador enfatiza que "el que la hace la paga" y que hay "cero tolerancia" para los criminales, las libertades fundamentales parecen palabras vanas frente a la crudeza de los acontecimientos.
Esto no puede continuar así.
Yo le demando, a usted, investigaciones auténticas y la diáfana aplicación de la Ley.
Por ello, y fundado que es en Derecho, le solicito:
PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma con este escrito de denuncia, querella o acusación, en contra de quien o quienes resulten responsables material y/o intelectualmente de los hechos descritos, y que se desprendan durante las indagaciones; teniendo por reservado mi derecho de aportar pruebas.
SEGUNDO.- Inicie la indagatoria y sean practicadas las diligencias necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos, ejercitando oportunamente la acción penal correspondiente.
TERCERO.- Actúe con responsabilidad.

A t e n t a m e n t e
Jalapa-Enríquez, Veracruz. Jueves 27 de noviembre del 2008

____________________________
MARTÍN SERRANO HERRERA
Ccp/ Autoridades, organismos no gubernamentales, Opinión Pública

Hasta aquí la denuncia de Martín Serrano Herrera.

Señor gobernador, en pleno ejercicio de mis derechos constitucionales, respetuosamente, a un año de los Hechos, le reitero mi petición de hace casi un año, por razones de interés público, humanitarias y de elemental JUSTICIA. Confío en que en su sano y sereno juicio, asuma y respete su responsabilidad Constitucional; mejore su disposición hacia el reclamo de un ciudadano común, que se gana la vida como periodista y esa libertad y actividad profesional se la han coartado y bloqueado; y para bien, o botón de muestra: familiar suyo. En espera de que usted cumpla lo que le ofreció conforme a sus facultades y atribuciones constitucionales como Gobernador, para que acabe para él y sus familiares; colaboradores y amigos, esa incertidumbre que provocan las temerarias y extremosas acciones de un Comando Armado en contra de su vida y la de sus seres queridos, que por razones obvias se teme que en cualquier momento se vuelva a repetir, o tenga una nueva versión, en solitario o en grupo.

En espera de que su atenta respuesta derive en la solución de estos reclamos.

Atentamente

Reynaldo Castro Melgarejo

¿Cumplirá Fidel Herrera Beltrán lo prometido a Martín Serrano Herrera?
¿Pasarán más años de reclamo y de incertidumbre, amenazas, amedrentamientos y graves riesgos para una familia o más…?

VEREMOS…

Prospectiva Política
090909
reynaldocastromelgarejo@hotmail.com

¿Y el Impuesto de la Corrupción? Señor Presidente…
¿Y el Subsidio a la Impunidad? Señor Presidente…

Señor Licenciado Felipe Calderón Hinojosa
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Presente.

Señor Presidente, las Reformas que a México le ¡URGEN! Son:

o El Combate Preventivo de la Corrupción desde los Municipios y
o La transparencia en el origen y destino de los recursos públicos desde los municipios

Señor Presidente los impuestos o subsidios que el pueblo de México rechaza son:

" El Impuesto de la Corrupción y,
" El Subsidio a la Impunidad

Señor Presidente, difícilmente tendría usted el apoyo de gobernadores, funcionarios públicos y presidentes municipales, para impulsar y hacer realidad el Combate Preventivo de la Corrupción en México, desde los municipios; por eso le propongo que se atreva a hacer alianzas con los ciudadanos; respetuosamente le planteo: aléjese de esos acartonados formatos de encuentros con ciudadanos preseleccionados y no desperdicie la oportunidad histórica de impulsar un cambio estructural que acabe con la mediocridad, con la corrupción, con la larga cadena de complicidades y con la impunidad, como lo exige el pueblo de México.

Señor presidente, respetuosamente, sin importar siglas partidistas, por el bien de México, yo le digo como hacerlo. Para que sea una realidad que tengamos un México mejor, transparente y sin corrupción, porque lamentablemente hasta ahora, sus políticas públicas en esta materia han fallado y lo propuesto por la SHCP, en su paquete fiscal para 2010, en nada corresponde a las aspiraciones de la sociedad, al proponer más impuestos sin eliminar los subsidios a la impunidad y el impuesto de la corrupción.

Señor Presidente, respetuosamente, nuevamente me dirijo a usted para conminarlo a valorar y aceptar, la urgencia e impostergable responsabilidad y oportunidad que usted tiene de impulsar reformas constitucionales para combatir preventivamente la corrupción en México desde los municipios. Con ello, hacer realidad un Nuevo Pacto Federal en el que se incluya como firmantes del mismo, a los municipios.

Señor Presidente. Sus propuestas de crear nuevos impuestos, como el del 2% para combatir la pobreza, y quitar subsidios, tendrán más credibilidad y aceptación por parte de la sociedad en general, si asume con firmeza y compromiso quitar el impuesto y los subsidios (a) o de la corrupción e impunidad que nos imponen la discrecionalidad de funcionarios y gobernantes, sin responsabilidad que la ciudadanía valide preventivamente; sin rendición de cuentas y sin transparencia verdadera y confirmada en la Función Pública; sin el contrapeso efectivo de la sociedad en cada jurisdicción territorial en donde se realiza o invierte el gasto público de nivel federal, estatal y municipal, los municipios.

De nada servirá la eliminación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la creación de una Contraloría dependiente de usted, si no se combate preventivamente la corrupción. Como tampoco serán suficientes los recursos posibles a obtenerse de la eliminación de la SFP y de las otras dependencias federales. No debemos aceptar el endeudamiento público, o la bursatilización de los recursos públicos a futuro, sin combatir preventivamente la corrupción y acabar con la impunidad.

Como usted sabe Señor Presidente, el Valor del Producto Interno Bruto de México, siempre es una base de referencia que debe ser tomada en cuenta por los funcionarios y legisladores federales, así como por los mismos gobernadores y legisladores locales, para instrumentar políticas públicas.

Con base en la información difundida por El INEGI (1), el Producto Interno Bruto Nominal (PIBN), esto es a precios corrientes, alcanzó 11.401 billones de pesos en el segundo trimestre de 2009.

Con base en un estudio del Banco Mundial, Francisco Barrio Terrazas, responsable del combate a la corrupción en el gobierno federal (2000), se refirió a sus efectos graves y las enormes pérdidas de dinero que provoca: " La corrupción cuesta a México 9.5% del Producto Interno Bruto (PIB), calculado en 5 billones 237 mil millones de pesos...", según publicación de La Jornada del pasado 14 de noviembre del 2000; aunque anunció que para combatirla, propondrá un plan que mejorará la administración publica, el desarrollo de recursos humanos, la participación de la sociedad y la defensa de los usuarios de servicios públicos, nunca cumplió sus promesas. El 23 de enero de 2001, Francisco Barrio Terrazas (2), el entonces Secretario de la Contraloría de la Federación, "… Explicó que de acuerdo con documentos del Banco de México, el costo de la corrupción ha llegado a niveles equivalentes al 9.5 por ciento del Producto Interno Bruto, en comparación al 6 por ciento del PIB destinado a educación.
Como bien entiende usted, a valores actuales, con base en el PIB que da a conocer el INEGI y el costo de la corrupción reconocido por el exresponsable de combatir la corrupción y exsecretario de la precedente Secretaría de la Contraloría de la Federación, la ahora en vías de desaparecer SFP, ha subido a más del 50%, según la cifras oficiales de referencia, esto es que el impuesto de la corrupción en México es en promedio del 9.5 del PIB y alcanza montos mayores a los 100mil millones de pesos; si consideramos que el déficit, que usted quiere cubrir con deuda pública es de 60mil millones de pesos en promedio; de combatirse preventivamente la corrupción sería posible reducir los montos de deficit y elevar los recursos disponibles para programas sociales. En Cuanto a los subsidios a la Impunidad derivada de la corrupción, aunque no están valorados oficialmente, podemos estimar un 5% del PIB, que como bien sabemos, se expresan en la discrecionalidad, complicidades e impunidad, con la que actúan funcionarios y gobernantes de cualquier nivel de gobierno, que permiten o promueven la desviación de recursos públicos para actividades familiares, personales, de grupo o partidistas, lo cual, usted debe comprometerse a desaparecer para siempre; comprendiendo que bien vale la pena dejar esa huella imborrable de ser congruente en sus dichos con sus hechos para impulsar cambios estructurales con el apoyo de la sociedad en general de todos los municipios.
Como usted bien lo sabe Señor Presidente (también lo decía su Amigo Germán Martínez, ex secretario de la SPF, el 040707) (4):

"Esta suerte de impuesto institucional afecta en mayor proporción a las familias de menores ingresos, en la medida en que su dependencia de bienes y servicios públicos es mayor o por cuanto tienen menores posibilidades para satisfacer sus necesidades a través de actividades económicas formales.

De acuerdo con el índice de resultados de corrupción y buen gobierno, para los hogares con ingresos de hasta un salario mínimo, este impuesto regresivo lo que pagan por corrupción las familias más pobres del país es del 24 por ciento del total de su ingreso, una cuarta parte de su patrimonio las familias más pobres mexicanas lo dedican a corrupción.

Los mexicanos más pobres tienen que pagar pues para obtener bienes y servicios a los que deberían de tener sin reservas legítimo derecho.

Asociado a la merma patrimonial que producen los mexicanos más pobres, la corrupción afecta también la capacidad del Estado en satisfacer las necesidades básicas de esas personas, pues desincentiva el pago de impuestos y en consecuencia obstruye los esfuerzos institucionales para aumentar la recaudación.

Los contribuyentes dejan de pagar impuestos debido a que perciben que los dineros públicos se mal gastan o se desvían a fin de que no redunden en beneficios sociales o bien incurren en inpago en la expectativa que pueden evitar las sanciones mediante actos de corrupción.

En este sentido no es posible abatir la banca rota de la educación, el mal funcionamiento de los hospitales, la incapacidad del Estado para dotar de vivienda digna o la insolvencia gubernamental generada de generar una infraestructura que vertebre al país, si no se combate formalmente y frontalmente la corrupción. "

Continúa diciendo su Amigo Germán Martínez:

"La calificación que ha alcanzado históricamente el índice de percepción de corrupción construido por transparencia internacional, sitúa a México en niveles indicativos de corrupción estructural o sistemática.

Desde 1995 México ronda en los 3 puntos de una escala de 0 a 10, en los que 10 es altamente transparente y 0 altamente corrupto. En el ejercicio del 2006 México ocupó el lugar 75 de un lugar de 163 países evaluados. Aparecen como menos corruptos países como Perú, Siria, Bolivia, Irán y Haití, pero más transparentes por supuesto Finlandia, Canadá, Estados Unidos, Chile, Costa Rica, Cuba.

La corrupción sistemática afecta a la competitividad de la economía en razón de que introduce costos adicionales a la producción y a las transacciones.

En la medida en que altera las condiciones de competencia entre los agentes económicos beneficiando a los que tienen más recursos o cuentan con mayores nexos con el gobierno, la economía en un contexto de corrupción sistemática no retribuye la creatividad empresarial o la iniciativa y el mérito personal, sino aquello que dispone de la capacidad para adquirir beneficios o privilegios fuera de la ley.

La corrupción atentan contra la expansión de la economía nacional, fundamentalmente por dos razones.

En primer lugar, por la percepción de altos niveles de corrupción, ahuyenta la inversión y por tanto termina por limitar las posibilidades de generar nuevos empleos.

El índice de percepción de corrupción sirvió como insumo para un estudio realizado por la revista "The Economist" y en dicho estudio se identificó que hay una fuerte correlación negativa entre el flujo de inversión directa extranjera por persona y el índice de transparencia.

De manera tal que a mayor percepción de corrupción, menor confianza de los inversionistas.

En los últimos cinco años el 35 por ciento de la inversión extranjera que decidió no entrar a México lo hizo basado precisamente en la percepción de corrupción o la opacidad de nuestros negocios.

De acuerdo con este estudio el nivel de opacidad de México se traduce en un costo implícito para las empresas, equivalente a un impuesto del 15 por ciento.

Asimismo, debido al nivel de opacidad, México paga 3.08 por ciento adicional al tipo de interés del mercado de deuda, como una sobre tasa de la llamada prima de riesgo.

Nuestra deuda como país, es 3.08 más cara por la opacidad y por la corrupción.

Solo dos países no tienen que pagar prima de riesgo por su nivel de opacidad, Singapur y los Estados Unidos.

Como se puede apreciar la percepción de corrupción desincentiva a la entrada de inversión en México y la colocación de deuda a los mercados internacionales; desalienta además a la iniciativa privada y el ánimo emprendedor de las personas debido a que para hacer negocios es necesario garantizar ganancias suficientes para atemperar el impacto económico de la corrupción.

En segundo lugar, la corrupción impacta a la competitividad de la economía en la medida en que provoca una fuga en los ciclos de reinversión de las ganancias de los agentes económicos, en tanto costo implícito a la producción y al consumo, la corrupción distrae recursos que pudiera destinarse a la ampliación de actividades económicas, es decir; a nuevos horizontes de inversión, a la conversión tecnológica, al aumento de la productividad, o bien a hacer más eficientes nuestros procesos internos productivos.

La corrupción profundiza la desigualdad y la pobreza. En contextos de corrupción sistemática no se puede realizar una actividad económica o acceder a bienes y servicios públicos sin pagar un soborno.

Esta suerte de impuesto institucional afecta en mayor proporción a las familias de menores ingresos, en la medida en que su dependencia de bienes y servicios públicos es mayor o por cuanto tienen menores posibilidades para satisfacer sus necesidades a través de actividades económicas formales.

En democracia los ciudadanos deben conocer sistemáticamente no sólo los resultados en la aplicación de las políticas públicas y los programas, sino además la forma en que han impactado estos resultados en la consecución misma de los objetivos del Estado, es decir, el gobierno debe enraizarse en pilares institucionales de profunda legitimidad, pero a la vez estar siempre a la vista pública y en proceso permanente de rendición de cuentas. "

Hasta aquí, la referencia a un interesante discurso de su Amigo German Martínez que lamentablemente, también quedó en pura retórica, en mero discurso.

Señor Presidente.

La aspiración de bienestar y desarrollo humano debe ser atendida con convicción y visión de un federalismo más equitativo, para que en la generación y distribución de la riqueza nacional se fortalezca el ahorro interno, se cancelen la evasión fiscal, el contrabando que provoca competencia desleal y la autorización de importaciones que dañan a los productores nacionales; sean más concientes los contribuyentes en el pago de impuestos y eficiente la recaudación fiscal; se eleve el respeto a los Derechos Humanos y la convivencia entre los géneros; se combata con eficacia al crimen organizado y se aleje de los vicios a nuestros jóvenes; para que todos los ciudadanos, prioritariamente los débiles y marginados, gocemos de nuestros derechos constitucionales con la efectiva protección del Estado en personas y bienes a través de honestas instituciones de seguridad pública e impartición de la justicia.

La fuerza de la acción corresponsable entre sociedad y gobierno reconocida constitucionalmente en la concertación municipal, dará paso a nuevas instituciones que harán vigente para siempre, desde los municipios, la transparencia en la función pública y rendición de cuentas de cara a la sociedad.

La legitimidad democrática y la eficacia del gobierno en cualquiera de sus tres niveles encausará la gobernabilidad democrática, basada en mejores resultados de las políticas públicas.

Con el apoyo constante de estas nuevas herramientas y Activos Sociales, en el ejercicio del gobierno se dará certeza y confianza a los inversionistas desde los micro, pequeños y medianos, hasta los de mayor capacidad económica, nacionales y extranjeros que puedan desarrollar su talento y creatividad agropecuaria, industrial o comercial para instalar empresas productivas en el campo y en la ciudades de todos los municipios de México, con ello podremos enfrentar con mayor fortaleza la Globalización económica en la que ya estamos inmersos.

El reto es enorme, los recursos, cada vez más escasos. Las necesidades sociales básicas crecen exponencialmente, los más de sesenta millones de mexicanos en pobreza extrema, tienen prioridad. Las soluciones se derivarán de acciones conjuntas, ya no de la fuerza de un solo hombre en cada nivel del gobierno, ni de los partidos políticos o de los grupos de interés, sino de una sólida
Alianza entre sociedad y gobierno desde la célula básica de nuestra organización política, económica y social que es el municipio.

Reformar el Artículo 115 Constitucional para crear los Consejos Municipales de Concertación y la transparencia en el origen y destino de los recursos públicos de los tres niveles de gobierno, ciertamente es una necesidad para alcanzar el verdadero federalismo, enriquecer a México y su crecimiento y desarrollo económico. La acción concertada y corresponsable entre gobernantes y gobernados, habrá de consolidar y fortalecer nuestros valores familiares y sociales para actuar con honestidad, sensibilidad política y transparencia, con lo cual, antes de un cuarto de siglo, habremos de lograr nuestro anhelo histórico, de que México sea un Estado-Nación, un Estado de Derecho, un País de Leyes que ofrezca para todos oportunidades, protección de la justicia, equidad en el bienestar y realización humana.

Señor Presidente, ¿está usted dispuesto a pagar los costos políticos y a lograr las ganancias sociales y humanas que implican las Reformas que a México le ¡URGEN!? Que Son:

o El Combate Preventivo de la Corrupción desde los Municipios y
o La Transparencia en el origen y destino de los recursos públicos desde los municipios

Señor Presidente está usted dispuesto a comprometerse para acabar con los impuestos o subsidios que el pueblo de México rechaza que son:

" El Impuesto de la Corrupción y,
" El Subsidio a la Impunidad

VEREMOS…

En espera de su atenta respuesta

Atentamente

Lic. Reynaldo Castro Melgarejo

(1) En:http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/pibcorr.asp,
(2) En:
http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=11828&tabla=nuestromundo
(3) En: http://www.revistainterforum.com/espanol/articulos/100702soc_costos_corrupcionmx.html
(4) Conferencia: Democracia, Estado De Derecho Y Corrupción, Impartida Por Germán Martínez Cazares, Secretario de la SFP, durante los trabajos del Seminario Internacional "Ética En La Gestión Pública y la lucha contra la Corrupción", efectuado en el Auditorio del edificio sede de la SFP. http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/conferencia_1_040707

Prospectiva Política

1 de septiembre de 2009

reynaldocastromelgarejo@hotmail.com

• Las Reformas que a México le ¡URGEN!
• El Combate Preventivo de la Corrupción desde los Municipios y
• La transparencia en el origen y destino de los recursos públicos desde los municipios
• Una alegría que compartir: México 3er mejor equipo de América

Ningún nuevo “Modelo de crecimiento económico” funcionará en México, si no incluye en su estructura y en los Nuevos Acuerdos Nacionales: El Combate Preventivo de la Corrupción desde los municipios. RCM.

Las Reformas que el país necesita

• El Combate Preventivo de la Corrupción desde los Municipios y
• La transparencia en el origen y destino de los recursos públicos desde los municipios

México Nuestra Nación. México Nuestra Patria. México Nuestro Territorio Nacional. No puede ni debe seguir siendo dejado o abandonado por los representantes populares para que la corrupción acabe con nuestras Instituciones; y menos a seguir permitiendo espacios que propician crecientes posibilidades para que la corrupción termine por destruir las Estructuras del Estado Mexicano.

La corrupción que conlleva a la evasión fiscal y a la desviación de los recursos públicos para fines políticos, personales (viajes, vicios, excesos y pasiones), familiares y/o partidistas, es un verdadero “Hoyo negro”, en el que caben los sub-ejercicios (federales, estatales y municipales), los fideicomisos y los “jineteos” de dinero o posposición de pagos, (también para los tres niveles de gobierno) y sin duda, un Gran Reto para los legisladores federales y el Gobierno federal y desde luego, para el programa económico de 2010. Por eso, es insoslayable combatirla preventivamente desde los municipios, para que sea obligación constitucional, en los municipios, en los estados y en las delegaciones  de las dependencias del gobierno federal.  En la lucha contra la corrupción no podrán lograrse resultados positivos, si no se cuenta verdaderamente con la participación de la sociedad, quien es la beneficiaria del uso de los recursos públicos.

Es insoslayable que la política económica del gobierno federal tenga identidad y realización regional y municipal y eso implica reorientar el uso eficiente de los recursos públicos para lograr que las regiones, estados y municipios también participen en una forma más intensa en la generación y distribución de la riqueza nacional y ya no sigan siendo tan dependientes del gobierno federal como en el Siglo XX y en la primera década del XXI.

La nueva realidad política del País que se modificó a partir de la misma noche del 5 de julio del 2009, barrunta exigencias de cambios; de Reformas constitucionales orientadas a modificar las estructuras económica, política y social del país.

Es necesario que ampliemos el marco jurídico de los municipios para que en consecuencia, también podamos ampliar las funciones económicas, políticas, financieras y administrativas que les permitan a los municipios, tener un mejor mecanismo para asumir en corresponsabilidad con la ciudadanía y en coordinación con los niveles estatal y federal, la definición de las prioridades sociales y la transparente aplicación de los recursos públicos disponibles para atenderlas.

Ningún nuevo “Modelo de crecimiento económico” funcionará en México, si no incluye en su estructura y en los nuevos acuerdos nacionales: El Combate Preventivo de la Corrupción desde los municipios.

No obstante que las atribuciones constitucionales para definir la política económica, solo concierne al Gobierno Federal, puedo afirmar que inevitablemente se abrirán espacios para que con base en la concertación municipal y en una nueva relación Sociedad-Gobierno, desde los municipios la ciudadanía participe cada vez más en la instrumentación de políticas públicas concernientes al desarrollo económico que permitan aterrizar en esa jurisdicción territorial y sus comunidades la política económica del régimen que consolide una mejor y equitativa generación y distribución de la riqueza nacional, el crecimiento del mercado interno, el crecimiento económico y el desarrollo político, económico, social y humano de los mexicanos.

De nada sirve que se presuma de transparencia y rendición de cuentas, en el Legislativo, en el Ejecutivo o en el Judicial, si no ocurre de manera preventiva en los tres Poderes del Estado Mexicano y en los tres niveles de gobierno, con la participación de la sociedad como contrapeso preventivo a posibles desviaciones y corrupción y que valide el origen y destino de los recursos públicos.

La escasez de recursos públicos es creciente, las necesidades sociales básicas aumentan exponencialmente sin que exista una verdadera capacidad de respuesta del Sistema de Gobierno, en sus tres niveles, para generar de manera acelerada recursos económicos suficientes para atender con oportunidad y eficiencia las demandas más sentidas de los habitantes de cada municipio. Peor futuro espera a los estados y municipios con la bursatilización de recursos públicos a 15 o más años.

Históricamente, el efecto multiplicador de la inversión pública alcanzó a beneficiar más a políticos, empresarios y comerciantes relacionados con los hombres del “Poder” que a los ciudadanos del País. Estas circunstancias deben ser superadas en la instrumentación y resultados de las políticas gubernamentales. En consecuencia el Poder Legislativo de la federación y el Poder Ejecutivo a través del Gobierno federal enfrentan el gran reto de ganar credibilidad y confianza para llevar a cabo una reforma fiscal tan urgente y necesaria para elevar la recaudación fiscal, lo cual podrá lograrse si también se reconoce constitucionalmente El Combate Preventivo de la Corrupción desde los Municipios y La transparencia en el origen y destino de los recursos públicos desde los municipios. Hacer realidad diaria para todos: para la sociedad y el gobierno, la verdadera rendición de cuentas y la transparencia en la función pública desde los municipios.

No obstante que vivimos un crecimiento de los ingresos públicos por el aumento de los precios del petróleo en los últimos 10 años, hoy estamos en un verdadero problema de falta de liquidez y será peor porque no mejorará la capacidad de generación de recursos propios en los estados y municipios, por lo que se verá más afectada negativamente la vida en los municipios si no se instrumentan mecanismos transparentes para que el ejercicio de los escasos recursos públicos se haga de manera congruente con las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno y que a su vez, éstas alcancen los mejores resultados posibles con la validación de los ciudadanos en todos los municipios del País, que será base fundamental para una equitativa generación y distribución de la riqueza nacional.

Los mecanismos de la generación y repartición de la riqueza nacional a través de las participaciones federales, no han alcanzado los resultados esperados, ya que, la mayoría de los estados y municipios no han logrado ser eficientes en la captación de recursos. En esta parte, la de la captación de recursos aún cuando podría tener muchas variantes, el proceso de fortalecimiento lleva necesariamente, a pensar en contrapesos efectivos en el ejercicio de los mismos. Para alcanzar el objetivo final del federalismo, de lograr la prosperidad conjunta de todos los integrantes de la Unión, el gobierno podrá recurrir a un instrumento compensador que supere los defectos actuales e históricos en que las decisiones sobre gasto-ingreso de estados y municipios en el País generen duplicidad de funciones, coincidencia de competencias en un mismo territorio que han provocado mayor pobreza y deberá buscarse que la Ley de Coordinación Fiscal que año con año aprueba el Congreso de la Unión incluya formulas compensatorias que resarzan las posibles pérdidas que estados y municipios pudieran tener y que actualmente ni siquiera son precisadas; hoy en día ningún estado informa con veracidad, ni tiene la confianza de la sociedad ni de autoridades federales, sobre cuánto recauda de ingresos propios; deben evitarse con las nuevas leyes para 2010 y de ahí en adelante, la generación de becas permanentes para los municipios que ya no recaudan.

La inequidad actual en la generación del ingreso y el ejercicio del gasto, a través del Sistema Federal, tiene que corregirse, y sin duda requiere de verdadera voluntad política para ir estructurando en el tiempo oportuno y suficiente, los mecanismos que corrijan un entrampado sistema de recaudación fiscal y de reparto de la riqueza nacional que inevitablemente rebasará este período sexenal.

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La nueva estrategia de la actual composición política en el Poder Legislativo, merece el voto de confianza para que a través de nuevos instrumentos que deberán incluir la participación de la sociedad; a través de diferentes mecanismos, también, se comprometa a crear reformas constitucionales y legales, que consoliden la gobernabilidad democrática desde cada municipio, este debe ser el objetivo fundamental del fortalecimiento al federalismo; sería limitado o incongruente si no incluye mecanismos sólidos que se conviertan en verdaderas instituciones transparentes del ejercicio de las funciones públicas y de rendición de cuentas de cara a la sociedad.

Es insoslayable observar que el fortalecimiento del federalismo no es un asunto solamente económico, sino eminentemente político, porque federalismo y desarrollo, conforman una ecuación política y social con contenido humano y el reto es tan grande que se refleja en las disparidades regionales que demuestran que no se ha logrado la prosperidad conjunta de la Nación, por ello deben coordinarse la gobernabilidad, la capacidad de respuesta a la ciudadanía, el combate preventivo de la corrupción desde los municipios, la transparencia en el gasto y la modernización administrativa.

La fundamentación de este planteamiento se basa en que históricamente ningún organismo de revisión, supervisión o contraloría, ha logrado hacer efectiva la rendición de cuentas en el ejercicio de funciones públicas en nuestro País. No habrá poder ni suficientes recursos económicos, materiales y humanos de calidad que consigan la verdadera rendición de cuentas, si no es la sociedad la que participa en la definición de las prioridades de atención y solución de los problemas sociales más sentidos en los municipios y en consecuencia periódicamente valore el alcance de objetivos, metas y resultados de las políticas públicas del Sistema de Gobierno. El Fortalecimiento que se pretende dar a la Auditoría superior de la Federación no será suficiente para combatir preventivamente la corrupción en México.

La mayoría de los mexicanos en todo el territorio nacional y más allá de nuestras fronteras, sufre los efectos de las crisis: económica, de inseguridad, de agua, de salud, de justicia; Los mexicanos de ambos géneros, de todas las edades, de todos los niveles de instrucción y sin duda, de todos los niveles socioeconómicos, aunque en este segmento de población haya muchos ricos que no piensan que la inseguridad, derivada de la descomposición social en que vivimos, los puede alcanzar.

Si no se realizan reformas a las estructuras del Gobierno, las estructuras del Estado Mexicano estarán en riesgo creciente de derivar en una descomposición social política, económica y de inseguridad, no solo por las razones económicas que ya son suficientes, sino porque está en peligro de que se pierda el Estado de Derecho, al no poder garantizar el Estado Mexicano, la protección de la integridad física y humana de los mexicanos, de sus personas, sus familias  y patrimonios, ante la creciente inseguridad.

Aún cuando se sigue percibiendo una estructura política de Poder en la que los partidos políticos y sus dirigentes y personajes, tienen mayor relevancia, la lección de los electores, así como las exigencias de cambios estructurales  serán mayores; la mente de la mayoría de los electores, quedó imbuida por la nueva correlación de fuerzas en las estructuras del poder. La Presidencia de la República, Congreso Federal en las Cámaras de Diputados y Senadores, Poder Judicial de la Federación, también están bajo la mira de la sociedad.

Si las Reformas no incluyen el Combate Preventivo de la Corrupción en México desde los Municipios y La transparencia en el origen y destino de los recursos públicos desde los municipios, las estructuras de gobierno en sus tres niveles se verán seriamente amenazadas, no solo por las presiones sociales, que ya serán mucho de esperar, sino por la ineficiencia en la calidad de los servicios públicos prestados a la sociedad; así como por  insuficiencia de recursos públicos para prestar los servicios públicos básicos.

Con todo y estos riesgos insoslayables de advertirse y de enfrentarse, si no hay reformas estructurales, esta nueva realidad política inevitablemente motiva la esperanza de una nueva realidad económica aún cuando no podríamos vaticinar de manera inmediata un cambio de régimen político y económico, se reconoce que la perspectiva ciudadana es de una mejor y más equitativa generación de riqueza y redistribución del ingreso nacional; fortalecimiento de las relaciones correspondientes entre sociedad y gobierno y una auténtica transparencia en el origen y destino de los recursos públicos que permita un verdadero combate a la corrupción, la dispersión, la impunidad que provocaron este atraso en el crecimiento económico de las comunidades y municipios del país.

Ya no podemos permanecer complacientes o indiferentes, ante la falta de una equitativa generación y distribución de la riqueza nacional, que no ha permitido siquiera, mantener en niveles constantes y aceptables el crecimiento económico del país, teniendo como consecuencia una polarización entre los sectores reconocidos como ricos y pobres en una disparidad de un 80% y un 20% respectivamente. Las últimas cifras nacionales ubican que la pobreza extrema rebasa los 40 millones de personas. Lo anterior, sin cancelar el comportamiento de descomposición de los niveles de vida de un importante segmento de nuestra población que en las últimas tres décadas anteriores a los años 80’s, se reconocían como de “clase media”, y que un importante número de nuevos integrantes de esas familias, no solo no alcanzaron oportunidades de desarrollo humano, sino que dejaron de estar en la clase media para incorporarse a situaciones de pobreza, aún cuando ésta no sea en grado extremo.

Pero la mala generación y distribución del ingreso nacional, uno de los principales motivos de nuestras crisis, también se refleja en la estructura político-administrativo de México; los casi 2,440 municipios del País, tienen enormes diferencias que caracterizan innumerables fracasos de proyectos y programas institucionales que estrangularon polos de desarrollo regional importantes en la primera mitad de los años 60’s, para el crecimiento y desarrollo económico de nuestro País.

Lo anterior, motivó crecientes reclamos sociales de mayor participación política y democrática, precisamente por innumerables hechos de corrupción que fueron marcando a la economía nacional y la vida política de México. La inconformidad ciudadana que se gestó en los municipios, se fundamentaba en distintos momentos históricos, en reclamar mayores presupuestos federales e inversiones públicas para salud, educación, vivienda, empleo, comunicaciones, esparcimiento y justicia.

No obstante México ha avanzado. Evidentemente la vida institucional ha prevalecido por encima de los grandes problemas nacionales. Aún cuando los alcances no son suficientes, tenemos un País con mayores comunicaciones, centros educativos, niveles ocupacionales, crecimiento industrial y de servicios que dimensionan un crecimiento sin verdadera justicia social, por lo tanto inequitativo, lo cual nos obliga a buscar y encontrar en el menor tiempo posible fórmulas, mecanismos, instrumentos, reformas constitucionales, creación de nuevas instituciones, mejorar actitudes y compromisos sociales, elevar la voluntad política de cambio para mejorar y progresar, que conlleven a una mejor relación entre la sociedad y el gobierno, basada en una verdadera elevación y equitativa generación y distribución de la riqueza nacional, sostenidas en la rendición de cuentas, transparencia en el origen y destino de los recursos públicos desde cada municipio y apoyado por un sistema político y democrático que sea confiable siempre, para pasar en este nuevo siglo a una cultura cívica que fortalezca la convivencia, la armonía y paz social, así como la legitimidad democrática y eficacia gubernamental para lograr juntos la gobernabilidad democrática.

No estamos tan distantes en el tiempo para conocer si se proponen las verdaderas Reformas que urgen en México.

• Una alegría que compartir: MÉXICO 3er MEJOR EQUIPO DE AMÉRICA

En esta entrega, amables lectoras y lectoras, quiero festejar con ustedes un triunfo de un singular equipo mexicano.

Sin duda de muchos apoyos necesitará el deporte mexicano siempre; sin embargo está vez nos dan más alegrías; sin exigir esos apoyos que merecen de sobra.

El Prof. O. Sergio Durand Alcántara, Director Técnico Internacional de la Federación Mexicana de Deportes Sobre Silla de Ruedas, amablemente nos comparte información sobre distintas actividades, esfuerzos, avances, éxitos y tiempos de espera de nuestros atletas de esa Federación.

En esta ocasión, es una alegría muy especial, lo logrado por ese equipo de Basquet Bol en Silla   de Ruedas:

En un Juego "Electrizante", la Selección Nacional de Básquetbol Sobre Silla de Ruedas de la Rama Varonil derrotó al Representativo Brasileño por 71 a 70, con lo cual obtuvo la Medalla de Bronce de la Copa América -Evento que se desarrolló en la Ciudad de Vancouver, Canadá, del 23 al 29 de Agosto-, por lo que logró su "Pase" al Campeonato Mundial de la Especialidad, que se desarrollará durante el Mes de Julio del 2010.

Es importante mencionar que el Equipo Mexicano logró superar a base de actitud y entrega, una desventaja en contra que tenía de 18 Puntos desde el 1er Cuarto. Con esto, la Selección Varonil logra participar nuevamente en un Mundial después de 12 años.

• Finalmente, habrá que esperar...

Lo que inicialmente debía esperar quince días, será necesario que lleve más tiempo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, tardará un poco más para definir la posible incostitucionalidad de la bursatilización de recursos públicos por el gobierno del estado de Sonora, lo cual amerita inevitablemente esperar  a conocer las acciones que inicien los legisladores que se oponen a la misma en nuestro amado estado de Veracruz.

En cuanto a las Reformas. Sin duda habrá quienes difieran de lo que afirmo en cuanto a las Reformas que México necesita con urgencia; sin duda, sería, o será muy interesante conocer por escrito, cuáles serían sus razones para estar en contra de las mismas que propongo:

• El Combate Preventivo de la Corrupción desde los Municipios y
• La transparencia en el origen y destino de los recursos públicos desde los municipios

Ya llegará el tiempo en que lo entiendan: Honestos y Corruptos; Mujeres y Hombres; Jóvenes y Adultos Mayores; Propios y Extraños; Nacionales y Extranjeros; de Derecha, de Izquierda o de supuesto Centro; Pobres, Clasemedieros y Ricos; Militantes y Apartidistas; Electores, Anulistas  y Abstencionistas; Maestros y Alumnos; Universitarios y Rectores; Gobernantes y Gobernados; Militares y Civiles; Clérigos y Feligreses; Obreros y Campesinos; Profesionistas y Trabajadores; Dirigentes y Afiliados, que:

Ningún nuevo “Modelo de crecimiento económico” funcionará en México, si no incluye en su Estructura y en los Nuevos Acuerdos Nacionales: El Combate Preventivo de la Corrupción desde los Municipios.

En fin…

VEREMOS…

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