ECONOMÍA Y POLÍTICA

Miguel Ángel Ferrer

Honor a la heroica muchachada

A la justificadísima alegría nacional que ha generado el centenario de la fundación de La Universidad Nacional Autónoma de México hay que adicionar, sin embargo, la pena de que en la celebración hayan estado presentes dos ex rectores que en su momento pujaron por el cobro de cuotas, es decir, por una privatización de facto de la centenaria institución.

Ahí estaban muy orondos, cual si no hubieran actuado como enemigos no sólo de la Universidad Nacional en particular, sino de la educación pública superior en general, los en mala hora rectores Jorge Carpizo y Francisco Barnés de Castro.

Ambos, célebres personeros de la derecha y el conservadurismo, actuaron como caballos de Troya de los gobiernos priistas neoliberales que pretendían dar el primer paso para minar una de las mayores conquistas de la sociedad mexicana cual es la educación pública gratuita.

Con esa actitud, hay que recordarlo, Carpizo y Barnés provocaron la insurrección estudiantil contra la medida privatizadora que derivó en aquellas dos huelgas que lograron contener y derrotar los esfuerzos de la derecha por privatizar la Universidad.

Por fortuna para la Universidad y para el pueblo mexicano, a esa dupla siniestra de rectores siguieron los sucesivos rectorados de Juan Ramón de la Fuente y José Narro Robles, quienes tanto en el discurso como en los hechos asumieron de modo activo la defensa de la gratuidad absoluta de los estudios en la bien llamada máxima casa de estudios.

Y ayer, en uno de los centros del poder de México –el Congreso de la Unión– en el marco de la celebración de su centenario, la Universidad logró obtener el ofrecimiento formal de senadores y diputados de una próxima y mayor asignación de recursos económicos para las sustantivas labores de la muy noble, prestigiada e imprescindible institución.

La actuación de Juan Ramón de la Fuente y de José Narro Robles, y el compromiso formal del Congreso de la Unión han constituido y constituyen una trascendente derrota del conservadurismo y la extrema derecha a los que con gran cinismo y convicción se sumaron, en plan de lacayos del poder y en espera de recompensas políticas que nunca llegaron, tanto Carpizo como Barnés.

Una trascendente derrota no sólo de las fuerzas políticas y económicas de fuera de la Universidad que se oponen a la existencia misma de ésta y de la educación pública y gratuita. Una derrota también, y acaso más importante, de los oscuros poderes que dentro de la propia Universidad bregan por convertirla, previamente a su ansiada extinción, en un centro de estudios privado. Siniestras fuerzas representadas en su momento, y acaso todavía, por Carpizo y Barnés.

Por eso, en la hora del festejo de la existencia y el espíritu democrático y popular de la Universidad, es necesario recordar al héroe anónimo que, con históricas huelgas como método de lucha, consiguió parar en seco los afanes privatizadores de Carpizo y Barnés.

Ese héroe anónimo fue la muchachada que supo organizar lúcidamente el combate en pro de la gratuidad de la Universidad. Vilmente calumniada en aquellos días de heroísmo y entereza, hoy la muchachada está viendo satisfecha que su victoria prevalece y se consolida.

Primero el CEU (Consejo Estudiantil Universitario) y luego el CGH (Consejo General de Huelga), a ambas organizaciones juveniles debe el pueblo mexicano la posibilidad de celebrar los cien años de la Universidad gratuita y democrática.

Lograda la histórica victoria, es de lamentarse que en la celebración en el Congreso no hayan estado representantes de las dos organizaciones estudiantiles que la consiguieron. Y que, en cambio, acompañaran al rector Narro dos enemigos jurados –Carpizo y Barnés– de la educación superior gratuita.

ECONOMÍA Y POLÍTICA

Miguel Ángel Ferrer

Ayer Chile, hoy Venezuela

El 4 de septiembre de 1970, en horas de la noche, la nación chilena tomó conocimiento del triunfo electoral del candidato a la Presidencia de Chile, el doctor Salvador Allende Gossens. A esas horas, millones de chilenos salieron a festejar la victoria de la “Unidad Popular”, la coalición de partidos de izquierda y centroizquierda que esa noche, a fuerza de votos y en plena guerra fría, había logrado abrir las puertas de La Moneda a un movimiento de orientación socialista.

Esa misma noche sonaron las alarmas en el seno de la oligarquía chilena y en Washington. Henry Kissinger, secretario de Estado, hizo patente su disposición a poner término, lo más pronto posible, a la experiencia de la vía chilena al socialismo.

Lo mismo pasó en los centros del poder económico de Chile. La conspiración para derrocar a Salvador Allende empezó esa misma noche. Y comenzó a tomar forma dos meses después, apenas el nuevo presidente tomó posesión de su cargo el 4 de noviembre.

Contra Allende se pusieron en práctica las mismas medidas que treinta años después se han estado utilizando contra el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela: sabotaje económico, ataques mediáticos, llamamientos al magnicidio, paros patronales, campañas de rumores tan falsos como malignos, fabricación de una atmósfera de miedo social y, finalmente, un sangriento golpe militar de Estado.

Parte central del plan de derrocamiento del gobierno popular chileno fue el financiamiento estadounidense a la subversión interna. Millones y millones de dólares fueron destinados al pago de las actividades de la oposición golpista.

Hasta el 11 de septiembre de 1973 nada había dado resultados. Como ahora ocurre en Venezuela, el gobierno de Allende no pudo ser descarrilado a pesar de los enormes esfuerzos y los millones de dólares invertidos con ese propósito por la oligarquía chilena y el imperialismo.

Del catálogo de medidas subversivas y golpistas puesto en operación en Chile hace cuarenta años, todo ha sido ensayado ya en Venezuela. Incluso el golpe de Estado. Al imperialismo y a la derecha chilena sólo les quedan ya dos cartas: el magnicidio y la invasión militar estadounidense.

Ninguna de las dos opciones puede o debe ser descartada. Cabe inclusive que, en su desesperación, los oligarcas venezolanos y sus mandantes en Estados Unidos vuelvan a intentar el golpe una vez fallido.

El magnicidio, desde luego, no es sencillo. Hugo Chávez ha aprendido a protegerse. El propio Fidel Castro le ha advertido contra esa posibilidad. Por eso mismo pueden crecer los deseos de Washington por jugar la carta de la invasión militar directa.

Para Hugo Chávez y sus millones de correligionarios, seguidores y simpatizantes, la experiencia chilena ofrece muchas enseñanzas. No sólo en el conocimiento de los mecanismos golpistas y de los antídotos para éstos. También en las dolorosas, sangrientas y prolongadas consecuencias del derrocamiento y asesinato de Salvador Allende.

Pero no quisiera uno imaginar qué pasaría en Venezuela si, en un momento de locura, la cúpula estadounidense se decidiera a repetir en la patria de Bolívar las insensateces cometidas en Vietnam, Irak y Afganistán. Quizás en la Casa Blanca prefirieran recordar las experiencias de las invasiones en la República Dominicana en 1965 y de Panamá en 1979. En estos dos casos los resultados de la agresión fueron positivos y casi sin costos políticos y en vidas de soldados para Estados Unidos.

Desde mediados del siglo XX, la constante histórica en estas aventuras colonialistas es, sin embargo, mucho más parecida a Vietnam, Irak y Afganistán que a Panamá o la República Dominicana: inmensos sufrimientos del pueblo invadido, pero la derrota final del invasor.

ECONOMÍA Y POLÍTICA

Miguel Ángel Ferrer

“Por favor, lean la actas”

El pasado sábado 11 de septiembre, en un acto político cultural realizado en la ciudad de La Habana con el propósito de renovar y acrecentar la solidaridad internacional con los cinco cubanos injustamente encarcelados en prisiones estadounidenses, el presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, leyó un documento de su propia autoría en el que aporta nuevos elementos documentales de carácter ético, jurídico, político y mediático que demuestran una vez más la horrenda injusticia que se ha cometido y se sigue cometiendo contra cinco hombres honrados y patriotas.

Alarcón recordó que en el año 2005, el panel de la Corte de Apelaciones decidió unánimemente anular todo el proceso y ordenar un nuevo juicio, porque con muy buenas razones, sólidamente argumentadas en un fallo histórico, demostró que el juicio había violado la Constitución estadounidense, precisamente, por haberse realizado en Miami. Y recordó igualmente que, para vergüenza de la humanidad, en una acción sin precedentes, Washington presionó a la Corte de Apelaciones para que echara atrás la determinación de sus jueces.

Desde entonces –dice Ricardo Alarcón–, la lucha legal ha continuado pero en condiciones muy difíciles y que reducen cada vez más las posibilidades de una solución por esa vía. Y el experimentado dirigente revolucionario pregunta en su texto: ¿Por qué este caso tiene esa aparente dificultad? Y él mismo responde: porque quienes se supone deben divulgar la información de este caso se han dedicado a ocultarla.

Los pormenores del caso son datos –refiere Alarcón– que debieron ocupar los primeros planos de la atención de los llamados medios de información. Pero no lo fueron. No lo son todavía, ahora, doce años después.

El juicio más prolongado de la historia de EU no fue reflejado en los grandes medios; ni los testimonios exculpatorios que ante el tribunal ofrecieron generales, almirantes y asesores de la Casa Blanca; ni la confesión de sus fechorías que allí hicieron una larga fila de malhechores, algunos luciendo sus atuendos de guerra; ni la defensa ardorosa del terrorismo que, con total descaro, hizo la Fiscalía durante siete meses; ni su solicitud de que se impusiera a los acusados los peores castigos de cuatro cadenas perpetuas más 77 años de prisión; ni su insistencia en que, además de las desmesuradas condenas, se tomaran medidas para impedir cualquier intento futuro que pudiera molestar a los grupos terroristas; ni la actitud de la juez que accedió a todas esas insólitas peticiones del gobierno. Nada de eso fue noticia.

Se repetía la historia. Ricardo Alarcón refiere que hace casi un siglo en un caso que aún se recuerda como flagrante injusticia, dos inmigrantes italianos, Sacco y Vanzetti, fueron condenados y ejecutados arbitrariamente. Su inocencia, por cierto, fue reconocida no hace mucho, cuando ya era demasiado tarde. Pero entonces, en aquellos tiempos lejanos, cuando aún era posible rescatar la justicia, un eminente jurista norteamericano trató de salvarlos. Su generoso afán se concentró en una frase: “Please, read the transcripts” (”Por favor, lean las actas”).

Porque quien hubiese leído los papeles de aquel juicio se habría dado cuenta de que Sacco y Vanzetti eran inocentes.

Ahora es igual. Todo consta por escrito. Quien quiera saber la verdad sólo tiene que visitar el sitio oficial de la Corte del Distrito Sur de la Florida y buscar el caso “Estados Unidos contra Gerardo Hernández et al”. Quien lo haga se dará cuenta que Gerardo y sus compañeros son inocentes, que nunca debieron ser detenidos, ni acusados, que jamás debieron ser encarcelados, que han sido y son víctimas de un descomunal atropello. De una monstruosa infamia del gobierno de EU.

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